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La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, bajo el gobierno Petro, este derecho ha sido objeto de ataques constantes y sistemáticos. No es exagerado decir que, hoy en Colombia, cualquier periodista que se atreva a señalar la corrupción, los abusos o las contradicciones del actual gobierno corre el riesgo de ser censurado, atacado o investigado.
El operativo de la Superintendencia de Industria y Comercio en Caracol, RCN y Canal Uno fue escalofriante; se percibió más como una maniobra intimidatoria que como una medida de regulación, sugiriendo que la prensa libre y crítica constituye la verdadera amenaza para este gobierno.
Estas acciones, junto con las declaraciones públicas del presidente, los ataques de los bodegueros pagados con nuestros impuestos y el accionar del círculo cercano, envían un mensaje aterrador: en Colombia, alzar la voz contra el gobierno puede tener graves consecuencias.
Vicky Dávila se ha convertido en un caso emblemático de la cruzada del gobierno contra el periodismo; más allá de las opiniones personales que se puedan tener sobre ella —mi postura es de admiración y respeto—, la denuncia presentada en su contra por un activista cercano a Petro, quien trabajó con Piedad Córdoba, es alarmante y se percibe como un intento claro de intimidar a la prensa y de silenciar a quienes se atreven a investigar y exponer la corrupción en el gobierno de Petro.
Lo más inaudito es que se alega que Vicky Dávila accedió a información obtenida a través del software Pegasus; sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado si alguna entidad del gobierno de Duque adquirió dicho software, si se utilizó o con qué propósito.
Los hechos que exigen justicia siguen acumulándose sin que la Fiscalía actúe con celeridad y eficacia. El proceso contra el confeso Nicolás Petro sigue dilatándose. El Pacto de la Picota, impulsado por el hermano del presidente, permanece engavetado. El caso de Marelbys Meza, el billonario desfalco de la UNGRD y los escándalos que salpican a Laura Sarabia sacuden al gobierno.
La Flip ha lanzado múltiples advertencias sobre el acoso del gobierno a los periodistas. En el caso de Dávila, ha recibido respaldo de varios medios de comunicación y un grito de alerta de distintos sectores que ven como el gobierno intenta controlar y amedrentar a aquellos que no siguen su línea.
Resulta irónico que quienes se proclaman defensores de la libertad busquen hoy generar miedo, controlar la narrativa y silenciar voces. Esto es propio de los autoritarismos.
Lo cierto es que toda la información filtrada proviene de funcionarios del gobierno. En lugar de estar unidos en busca del bien común, lo que vemos es un campo de batalla interno en el que todos se atacan entre sí, en medio de celos, intrigas y lucha por el poder.
Hago un llamado: hoy más que nunca, defender la libertad de prensa es esencial para salvar nuestra democracia. Despertemos; estamos en grave riesgo, si no es ya demasiado tarde.
