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Todavía no se nos borra a los colombianos la imagen de los niños del colegio de Corinto (Cauca), vecino de la estación de policía, aterrorizados y agazapados orando debajo de los pupitres para protegerse de los disparos de los fusiles guerrilleros contra la fuerza pública. Ya en esta lucha demencial ni los derechos fundamentales de los niños se respetan. La población civil, inerme, aguanta el fuego y las balas.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer un negro informe del crecimiento de los grupos armados ilegales que operan en todo el territorio nacional. Su presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia y en 430 municipios, prende las alarmas. Autodefensas gaitanistas, el ELN, clan del Golfo, Estado Mayor Central, disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, son asociaciones que, sumadas a la multiplicidad de grupos criminales organizados, arrojan un crecimiento en los últimos años de 144 a 185, según contabilidad oficial. Tres subregiones de Antioquia –Bajo Cauca, Norte y Nordeste– dice la ONU, están seriamente atacadas por tres de aquellos movimientos sediciosos.
En el Cauca, Nariño y Valle “esos grupos armados hacen presencia simultánea, se disputan el territorio y hacen alianzas para consolidar hegemonías”. Cerca de 60 líderes sociales han sido asesinados y 21 masacres han ocurrido, cuando no se ha cumplido la mitad del periodo presidencial de Petro. Los niños llevan la peor parte en el conflicto. “Hasta comienzos del abril se reportaban 62 reclutamientos en el Cauca, todo en edades entre 13 y 17 años”.
Los grupos en acción delincuencial siguen haciendo rentables negocios para financiar sus guerras a través del narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la extorsión, el secuestro y el tráfico de migrantes. Reclutan y activan los desplazamientos forzados. Imponen en los territorios ocupados –conquistados a sangre y fuego– normas draconianas como la carnetización y la identificación de vehículos para poder circular por determinadas zonas. Es el sangriento funcionamiento de un Estado de hecho sobre el otro débil Estado de Derecho.
A medida que el Estado se ausenta de las remotas regiones de la nación, los grupos armados llenan los espacios. Como dice el informe de la Defensoría del Pueblo, “cuando el Estado retrocede un paso, los grupos armados ilegales avanzan dos”. Cualquier ausencia del Estado “es tomada por los grupos subversivos como la oportunidad de abarcar más territorio”. Evidencias que se confirman cada vez que hay tomas guerrilleras como la del municipio de Morales, en el Cauca, donde la estación de policía fue volada por las Farc, y en Jamundí, Valle del Cauca, con motos-bomba hicieron estragos en su población civil.
No podía ser peor el documento de la Fundación Core (Conflict Responses), en el cual se refiere al crecimiento de las llamadas disidencias de las Farc: “Desde 2016 las disidencias han estado creciendo en varias regiones del país y hoy en día hay aproximadamente 30”. Todo esto, consecuencia de lo que llamara Álvaro Gómez “un régimen de complicidades –forma bastarda e impúdica de la solidaridad– en alianzas con un sistema político perverso, lleno de mañas...”.
