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Un Estado de facto que absorbe a un débil Estado de derecho. Se reduce la soberanía nacional con la pérdida de territorio que va pasando a manos de la delincuencia organizada.
Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co
Los compromisos adquiridos en la conferencia mundial sobre biodiversidad y cambio climático, que culmina en Cali, deben concretarse en hechos y no quedar en meros enunciados que con el tiempo son alimento de polillas. Recoger las recomendaciones valiosas que deben contar con suficientes recursos financieros para legitimarlas y así evitar el riesgo de que se momifiquen en los inventarios de buenas intenciones frustradas. Lamentablemente, pocos líderes de potencias económicas y naciones ricas en biodiversidad llegaron a la COP16, lo que hizo exclamar a un Petro descorazonado y aburrido: “Ni siquiera Lula me acompañó”.
¿Influyeron acaso las malas noticias que en este momento produce Colombia para el marginamiento al evento de naciones con peso internacional? Porque aquellas abundaron. Un informe de la inteligencia militar, revelado por Caracol Televisión, mostraba horas antes de la instalación de la cumbre un escenario preocupante. 17 mil hombres alzados en armas controlan 325 mil kilómetros cuadrados, incluyendo áreas del Valle del Cauca. Actúan en 29 departamentos de los 32 que tiene el país, en 455 municipios y en 9.500 veredas. Un Estado de facto que absorbe a un débil Estado de derecho. Se reduce la soberanía nacional con la pérdida de territorio que va pasando a manos de la delincuencia organizada. Impacto que pudo haber influido en la decisión de jefes de potencias mundiales para cancelar sus vuelos.
Contribuyeron a elevar el grado de tensión y nerviosismo en los viajeros VIP no solo las estadísticas acerca de la producción de coca en Colombia –que llegó el año pasado a 2.665 toneladas, sembradas en 253.000 hectáreas, récord en la historia nacional– sino las consecuencias que acarreaba el negocio de la droga como estímulo a la violencia sicarial y terrorista en las vecindades de “la sucursal del Cielo”. Esa lucha de organizaciones criminales para apoderarse a sangre y fuego de mercados y rutas cocaleras, de guerrillas haciendo de las suyas en el sur de Colombia, se percibe internacionalmente con temor y pudo llevar a elaborar informes no muy gratos de los servicios de inteligencia de cada país, para anular asistencias. Tampoco es una buena carta de presentación las cifras de la ONU en las cuales revelan que en solo 6 meses, 121 mil colombianos fueron expulsados de sus propios territorios, y que el secuestro y la extorsión se cometen con una facilidad pasmosa, sin respetar ni a propios ni a visitantes.
Además, cuando se creía que la dosis de sobresaltos era suficiente para producir nerviosismo en los anillos de seguridad de jefes de Estado, llegaba la noticia del campeonato latinoamericano logrado por Colombia en el violento deporte del crimen. Y el subcampeonato mundial en la misma modalidad, entre 165 naciones, según revelaba la ONG suiza, que marca el índice global de la delincuencia organizada.
A pesar de la ausencia de mandatarios de las grandes potencias, Cali respondió. Se bailó, se dialogó, se conoció su riqueza en biodiversidad y folclor. Ahora lo que sigue es soltar la plata para que todas esas recomendaciones no se queden en simple saludo a la bandera.