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El Estado, en cabeza del actual gobierno, no sabe administrar, ni racionalizar, ni depurar, ni priorizar el uso de las partidas del presupuesto nacional. Sigue creciendo de forma desproporcionada.
Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co
La ira del presidente Petro con la caída de la reforma tributaria que buscaba tapar 10 de los 12 billones de pesos faltantes, suma con que está desfinanciado el presupuesto nacional para la vigencia del 2025, fue desproporcionada. Maldijo, como cualquier cura fanático, a los congresistas que la hundieron. Ignoró que su derrumbamiento fue un voto/censura por la forma irresponsable como ha manejado las finanzas nacionales. En la pataleta no le faltó, sino renunciar al cargo, como en 1968 pretendió hacerlo el presidente Carlos Lleras cuando naufragó su reforma política, con la diferencia de que a este no se la aceptaron y a Petro posiblemente se la habrían aprobado.
La reforma de Petro se hundió por las incongruencias con que maneja los ingresos y gastos del Estado. La austeridad es una palabra ajena a su mandato y el derroche su fuerte. Los recursos tributarios han sido feriados en políticas de subsidios populistas e inequitativos. Ha hecho festines repartiendo tajadas presupuestales, no tanto dirigidas a las clases más vulnerables de la sociedad, sino a quienes practican o se ven tentados a practicar la violencia en todas sus modalidades. Hay abundancia de dineros para estimular la ociosidad y pocos para abrir oportunidades a través de la universidad o del trabajo. Tantas inequidades despiertan desconfianza en el contribuyente, que se resiste a más gravámenes por el mal uso que se les da a sus esfuerzos impositivos.
Con la presunción de que más impuestos son para el despilfarro y para financiar componendas con ahijados y compadrazgos, no es fácil crear conciencia de que con los tributos se construye sociedad más equitativa, más incluyente, más justa. No se logra convencer, con tantas muestras de corruptelas, de que los dineros públicos son recursos sagrados que pertenecen a toda la comunidad. En tantos escándalos por malversación y deshonestidad ven los colombianos la radiografía de un sistema pestilente.
El Estado, en cabeza del actual gobierno, no sabe administrar, ni racionalizar, ni depurar, ni priorizar el uso de las partidas del presupuesto nacional. Sigue creciendo de forma desproporcionada. En los dos lánguidos años de mandato populista los gastos de funcionamiento, sin ningún rendimiento como contraprestación, han crecido en 120 billones de pesos. Con la décima parte de ese gasto habría tapado el déficit de los 10 billones que intentó hacer con la fracasada reforma tributaria. Y con la baja capacidad de gestión de las partidas de inversión en los presupuestos de algunos ministerios manejados por incapaces, podría obtener los recursos para erradicar los 40 billones de pesos que, según expertos en hacienda pública, es la suma de recortes que se deben hacer para equilibrar realmente el presupuesto de la vigencia presupuestal del 2025.
La pelea entre Ejecutivo y Legislativo está servida. Si Carlos Lleras en 1968 tuvo que lidiar con resistencias parlamentarias, que quebró halagándolos con auxilios parlamentarios, ahora, mucha mermelada tendrá que cocinar Petro para ver si a partir de las sesiones del año entrante doblegará a un Congreso insaciable, a punto de caer en comas diabéticos.