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A pesar de los grandes esfuerzos que los países están haciendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los fenómenos naturales, como huracanes, sequías e inundaciones, seguirán afectando de manera creciente a millones de personas en todo el mundo.
Para muchas economías en vía de desarrollo, el crecimiento económico y los avances sociales se pueden ver amenazados ante la ausencia de políticas de adaptación climática, incluyendo una efectiva gestión y financiación del riesgo de desastres. En algunos países, las pérdidas económicas relacionadas con desastres naturales extremos pueden superar el 200 por ciento del PIB, como ocurrió en Dominica con el huracán María en 2017.
Colombia había logrado avances significativos en las últimas décadas en la gestión del riesgo de desastres, consolidando políticas y sistemas eficientes en el conocimiento y mitigación del riesgo, la preparación, la respuesta y la recuperación. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) juega un papel fundamental, no solo monitoreando riesgos y emitiendo alertas tempranas sino coordinando todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creado con la Ley 1523 de 2012, el cual es a su vez liderado por el Presidente de la República con el apoyo de un Consejo Nacional del cual hacen parte todos los ministros. Por ejemplo, la respuesta del gobierno nacional ante el impacto del huracán Iota en 2020 en Providencia demostró la capacidad de respuesta rápida y efectiva que se había venido construyendo en el país en los últimos años, y la reconstrucción de la isla fue exitosa gracias a la articulación interinstitucional, intergubernamental y la participación del sector privado.
Pese a estos avances, la ola de incendios que está viviendo Colombia ha evidenciado falencias en la gestión y coordinación en la respuesta a desastres climáticos, aun conociendo con antelación la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de estos eventos. Desafortunadamente, lo que se ha vivido en algunas de las principales ciudades del país en las últimas semanas podría extenderse al campo con graves consecuencias en varios frentes. Por lo tanto, es fundamental que el país aumente la resiliencia del sector agropecuario para proteger tanto a las poblaciones rurales como la seguridad alimentaria. El Plan Nacional de Desarrollo 20180-2022 dejó una hoja de ruta para desarrollar una estrategia de recuperación resiliente a desastres adaptada al cambio climático, y definir los instrumentos de coordinación, roles y responsabilidades. Esto requiere implementar acciones concretas en el sector agropecuario como garantizar un mayor acceso a instrumentos financieros como créditos y pólizas de seguros para cubrir eventos climáticos, la implementación de sistemas de alerta temprana y el mejoramiento del conocimiento del riesgo.
La crisis climática es una realidad y enfrentarla requiere un esfuerzo conjunto en todos los niveles de gobierno. La colaboración entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, y el sector privado es esencial para construir una infraestructura resiliente y desarrollar capacidades sólidas a nivel subnacional. La implementación de principios y pautas para la reconstrucción eficiente después de eventos climáticos, como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es vital para garantizar una respuesta rápida y efectiva a futuros desastres.
*Miembro Distinguido Visitante del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia en Nueva York.
