El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, mostró su preocupación por no desagregar los $12,5 billones destinados a la infraestructura.
Crecen las críticas por el Presupuesto General de la Nación, PGN, para este año, por cuál será el destino de los recursos públicos que aún no han sido detallados por el Gobierno Nacional.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, expresó su preocupación por los pagos de las vigencias futuras, es decir, los recursos comprometidos a largo plazo.
El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, leyó ayer un comunicado, sin responder más preguntas, en el que detalló que, de los $502 billones aprobados en el PGN, $16,7 corresponden al sector Transporte, de esa partida, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.
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“No honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras, atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista, sin duda alguna, el activo más preciado consolidado por el país, en los últimos 30 años”, dijo Caicedo.
La polémica creció luego de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que el presidente Gustavo Petro les pidió hacer “un ejercicio de priorización” en el que se podrían reconsiderar el destino de los recursos del PGN, según el estado de avance.
En concreto, el ministro se refirió a los proyectos del Metro de Bogotá y la vía Mulaló - Loboguerrero, pero la CCI, también alertó por otras 55 obras declaradas como de interés nacional como el túnel de La Línea y la doble calzada de Pasto - Popayán.
“Las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso”, agregó Caicedo
Otros proyectos declarados de importancia estratégica nacional que están en vilo son la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros.
El gremio de la infraestructura también alertó por las pérdidas de empleos que se están generando por la falta de claridad de la regulación.
Dijo que la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invias, quienes no están vinculados desde el pasado diciembre.
Caicedo aseguró que la parálisis ya se siente en varios programas del Invias como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos.
A su vez, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que no honrar estos compromisos, afectarían gravemente la confianza en el país.
“Mientras más tratan de solucionar el problema presupuestal creado por el mismo Gobierno con las ‘Partidas globales’ que ilegalmente introdujeron en el presupuesto para la vigencia de 2024 más enredan las cosas”, dijo el exministro en su cuenta de X, antes Twitter.
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“Sería un golpe de incalculables consecuencias sobre la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que comprometieron capital y créditos propios en el desarrollo de la infraestructura del país, atenidos a que se honrarían las vigencias futuras”, agregó.
Según el documento Conpes 3760 de 2013, se proyectó que el flujo máximo de vigencias futuras entre 2020 y 2044 sería de 0,4% del PIB, pero recientemente se aprobaron algunas modificaciones para que el flujo aumente a 0,8% del PIB.
“Esos límites jamás se deben pasar, pero no todo está para transporte. Ese techo fiscal incluye cualquier proyecto de otro sector”, dijo Jorge Marín, exvicepresidente técnico de la CCI.
