Este estudio arroja luz sobre una realidad que afecta a más de 800.000 personas en el país, de las cuales el 98% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.
Darwin Cortés, profesor e investigador de la Universidad del Rosario, quien dirigió el informe, señaló que las condiciones son aún más precarias en las zonas rurales, especialmente en departamentos como Antioquia, Santander y Cundinamarca.
“El 65% de las trabajadoras rurales gana menos de la mitad del salario mínimo legal y solo el 30% accede a la seguridad social”, puntualizó.
En este mismo sentido, Andrea Londoño, directora de Hablemos de Trabajo Doméstico, añadió que las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en Colombia siguen estando muy por debajo de los estándares de bienestar del resto de los sectores laborales del país.
Por ejemplo, el sector de trabajo doméstico tiene una informalidad laboral del 80% frente al 55% del promedio de informalidad del resto de sectores económicos. “Esos 25 puntos porcentuales que hacen al sector del trabajo doméstico el de peor informalidad laboral nos dirían que la casa es hoy, como lugar de trabajo, “The worst place to work”, señaló Londoño.
Asimismo, el informe detalló que hay concentración del trabajo doméstico en áreas urbanas, con un 84% de las trabajadoras ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Sin embargo, incluso en las principales ciudades del país, las condiciones son alarmantes. En Bogotá y Medellín, el 70% de las trabajadoras no tiene acceso a seguridad social, y el 40% reporta ingresos inferiores al salario mínimo mensual. Es decir, 40 de cada 100 empleadas domésticas gana menos de un mínimo.
A su vez, la informalidad y la falta de inspección laboral agravan aún más la situación, como lo destacó Jhon Marulanda, investigador de Codess: “Las trabajadoras enfrentan largos desplazamientos y estrés laboral, además de la estigmatización”.
“Los ciudadanos, las familias, las empresas y el Estado tenemos que entender que el trabajo que se contrata para facilitarnos la vida en nuestras casas es parte constitutiva de todo el aparato productivo de las empresas. La casa debe ser parte de la cadena de valor de las empresas. Gracias a las tareas que hace una trabajadora del hogar, las personas pueden salir a trabajar desayunadas, vestidas y dejar sus hogares y ser queridos atendidos. Este es el principio para un país funcione”, enfatizó Londoño.
Según Valor Doméstico (herramienta estadística de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, a partir de datos del DANE), las trabajadoras domésticas recibieron, en promedio en 2023, un salario mensual de $656.925, casi la mitad de un salario mínimo, por debajo del promedio del resto de sectores. Como dato, Medellín es la ciudad de mayores salarios para trabajadoras domésticas y el de menor informalidad.
Bajo este panorama ha laborado Dolly Monroy, una trabajadora doméstica con más de 10 años de experiencia en casas de familia y empresas en Santander, quien relató su lucha diaria para obtener un salario digno.
“Nosotras trabajamos horas extra sin recibir compensación, y muchas veces ni siquiera tenemos derecho a la seguridad social. No es justo. Necesitamos que el Gobierno y los empleadores reconozcan nuestro trabajo. Hay muchas mujeres que, como yo, somos jefas de hogar y dependemos de este empleo, pero necesitamos mejores condiciones”, expresó Dolly.
Cuenta cómo a lo largo de los últimos 20 años ha enfrentado diversas formas de precariedad laboral. “Mis labores eran barrer, trapear, lavar baños, cocinar, planchar... Pero no tenía contrato, no recibía prestaciones, y mi jornada iba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde”.
Dolly recuerda cómo en su antiguo trabajo, al pedir que la aseguraran, sus empleadores se negaron, argumentando que ella había aceptado esas condiciones.
Hoy en día, Dolly ha logrado encontrar un trabajo donde se respetan sus derechos laborales. “Ya tengo contrato, un horario flexible y descansos. Mis jefes son muy humanos, entienden que tengo hijas y que debo asistir a reuniones del colegio”.
Sin embargo, su caso sigue siendo una excepción en un sector donde la precariedad es lo común. El problema de fondo es la falta de regulación y cumplimiento de las leyes laborales en este sector. “Aquí en Colombia no hay un control estricto. Las empleadas internas no tienen un límite de funciones ni horarios claros. Las emplean para lo que sea: niñeras, jardineras, cocineras, y hasta encargadas de limpiar piscinas”, lamenta.
Dolly concluye su relato con una reflexión: “Debería haber una ley que limite las tareas y regule los horarios. Una empleada está para las labores de la casa, no para cualquier cosa que el empleador se invente. Y, sobre todo, merecemos respeto y descanso, porque, al final, todos somos seres humanos”.
Por ejemplo, el estudio evidenció que las trabajadoras domésticas enfrentan retos significativos como largos desplazamientos, estrés laboral y bajos salarios. A eso se suma la falta de inspección, la estigmatización y las barreras económicas. En Bogotá, el tiempo promedio de desplazamiento es de 1,5 horas, mientras que en las zonas rurales puede alcanzar hasta 3 horas diarias, afectando gravemente la calidad de vida de las trabajadoras.
Cortés recomendó que Colombia avance en la reforma de la Ley 278 de 1996 para incluir a los sindicatos de trabajadoras domésticas en las discusiones salariales, una medida que podría mejorar significativamente las condiciones laborales en este sector.
En Colombia se han dado algunos avances, como la Ley 1788 de 2016, que extendió la prima de servicios a las trabajadoras domésticas, aún queda mucho por hacer. Las trabajadoras domésticas, especialmente en las zonas rurales, siguen siendo uno de los grupos más marginados del mercado laboral.
Asimismo, las normativas actuales, como el Decreto 824 de 1988 y la ratificación de los convenios 189 y 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), siguen siendo insuficientes para garantizar condiciones laborales dignas para estos trabajadores.
El llamado de Dolly Carvajal resuena con fuerza: “Somos miles de mujeres las que pedimos que nuestro trabajo sea valorado, que tengamos los mismos derechos que cualquier otro trabajador. No queremos seguir siendo invisibles”.
A nivel latinoamericano y del Caribe, la OIT estima que 76 millones de personas trabajan en el sector doméstico. En Colombia, aproximadamente 800.000 personas están empleadas en este ámbito, la mayoría en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, lo que agrava aún más su discriminación.
“Tenemos que hacer grandes cambios en la forma como pensamos el trabajo doméstico; por ejemplo, la ley de reducción de la jornada laboral no tuvo en cuenta a las trabajadoras domésticas internas y tuvo que existir una demanda a la Corte Constitucional que por fortuna falló a favor de limitar y aplicar la norma de forma proporcional para las trabajadoras. Pero fue el único sector laboral sobre el que tuvo que hacerse una aclaración por parte del Alto Tribunal para que ellas se beneficiaran de esta ley”, explicó la experta Londoño.
Concluyó, desde punto de vista estadístico, que en el cumplimiento de los derechos de las empleadas domésticas el avance ha sido poco, mientras que en lo que se ha avanzado es en la conciencia de estos derechos laborales; “pero nadie merca a punta de la conciencia que tenga el empleador. Los derechos laborales deben verse representados en ingresos”.
Lea más: Revise su patrimonio, porque ahora pagaría más impuestos con la reforma tributaria del Gobierno Petro
