La población civil está a la expectativa de que el Gobierno Nacional ratifique por seis meses más la extensión del cese el fuego con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).
En una reunión entre delegados de ambas partes, realizada el lunes pasado en el municipio de La Macarena, Meta, le solicitaron a la Casa de Nariño la prórroga de la tregua, sin que hasta ahora se haya oficializado la aceptación.
La urgencia está en que dicho cese vencía el 15 de abril de 2025.
Hay que recordar que esta estructura con la cual dialoga el Gobierno estaba integrada al Estado Mayor Central de las Farc (EMC), bajo la comandancia de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), pero en 2023 se separó de esa facción, cuando esta rompió las negociaciones con la Casa de Nariño ejecutando una escalada terrorista en Cauca y Valle.
Díaz Mendoza anunció que seguiría en la mesa de diálogos, una decisión que le produjo la enemistad con “Iván Mordisco”, pero que aseguró la supervivencia de su grupo.
La prórroga de los ceses al fuego ha sido beneficiosa para la estrategia de expansión territorial y la consolidación de los negocios ilícitos de la organización de “Calarcá”.
Tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, el frente 36 de las Farc, adscrito al bloque Magdalena Medio del EMBF, está enviando comisiones a distintos departamentos para formar nuevos frentes de guerra.
Así ocurrió en el sur de Bolívar, con el frente 4°, y en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, con el frente 34.
El pasado 22 de marzo fue capturado en ese lugar el cabecilla del 34, Jesús María Restrepo Borja (“Dárlinson” o “Panda”), portando armas de fuego, pero un juez de control de garantías de Quibdó lo dejó en libertad porque era integrante del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación de la mesa de paz, según una resolución gubernamental.
