Luego de más de tres horas de negociación ayer, y tras ocho jornadas de reuniones, representantes de los gremios empresariales, centrales obreras y Gobierno Nacional lograron llegar a un acuerdo: el salario mínimo de los colombianos tendrá un aumento de 16% para 2023, y el auxilio de transporte subirá 20%.
De tal manera, el incremento salarial pasó de $1.000.000 este año a $1.160.000 para 2023, y el subsidio de transporte pasó de $117.172 a $140.606. En total, la remuneración mensual será de $1.300.000.
“Se llegó a una concertación entre empresarios y trabajadores, y el Gobierno Nacional la respalda. Espero que con este incremento se recupere el poder de compra que se ha perdido a causa de la inflación, se recupere la productividad, y que además crezca la demanda interna, ya que si esta crece, la economía también lo hace, incluso mucho más allá del pronóstico pesimista que las condiciones internacionales están imponiendo a Colombia”, afirmó el presidente Gustavo Petro al término de la última reunión de concertación.
Calificado como histórico
Para lograr ese porcentaje de incremento del salario básico se tuvieron en cuenta tres aspectos: la productividad total de los factores (1,24%), la inflación de los hogares pobres y vulnerables (14,34%) —en lugar del IPC promedio, que fue de 12,53% a noviembre—, y el crecimiento de Producto Interno Bruto (9,4%).
Y aunque el aumento de 10,07% que tuvo el salario este año, definido por el anterior gobierno de Iván Duque, se calificó también como histórico, solo nueve meses después la inflación lo absorbió.
Por lo tanto, más allá de una cifra alta, lo que más destacan empresarios, sindicatos y el mismo Gobierno fue la gran capacidad de conciliación y diálogo que hubo en los encuentros.
“Por primera vez en la historia, en la mesa tripartita nos centramos en políticas y medidas para proteger el valor adquisitivo del salario. Además, es histórico porque hemos tomado como cifra básica la inflación de los pobres, es decir, un 14,4%, porque es allí donde más impacto ha habido en la canasta básica familiar”, afirmó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Asimismo, por primera vez, los voceros de los empresarios no presentaron una cifra específica para la negociación. Y si bien algunos criticaron esta postura, argumentando que dificultaría la negociación, los gremios consideraron que la estrategia dio “resultados positivos”.
“La cifra acordada refleja la gran preocupación que se mantuvo en la mesa de concertación por recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Al respecto, desde la Andi, el presidente Bruce Mac Master destacó que esta vez se abrió un espacio de diálogo amplio que tuvo en cuenta el panorama económico que se vive, con variables como la inflación, la depreciación del peso y el desempleo, yendo más allá de hacer la tradicional propuesta que siempre daba cada una de las partes.
“Tomamos con mucha seriedad la responsabilidad de lograr una decisión que tuviera en cuenta, de manera simultánea, factores como el poder adquisitivo de los hogares y los empleados, la competitividad de las empresas, la actividad económica, la capacidad de ofrecer más empleo formal y de calidad y, por supuesto, el equilibrio fiscal”, puntualizó Mac Master.
Por el lado de los sindicatos, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que el acuerdo logrado ayer, y otras medidas de política económica que se discutieron, “muestran que sí es posible la solución mediante el diálogo y la concertación de las diferencias entre los colombianos”.
La cara en contra
Pese a que el objetivo principal de este aumento es proteger el ya deteriorado poder adquisitivo de los colombianos, las cifras del Dane demuestran que aún hay trabajo por hacer para reducir las brechas salariales que existen en el país.
Por ejemplo, según la entidad, solo el 15,7%, es decir, 3,42 millones de personas, recibe un ingreso mensual correspondiente al salario mínimo legal vigente; sin embargo, el 43,1% de la población (más de 9,43 millones de personas) reciben menos del ingreso estipulado por la ley; y más del 41% percibe un ingreso mayor que el mínimo.
En este sentido, para algunos este aumento del 16% sigue siendo alto, por lo que consideran que perjudicaría el empleo e incrementaría la formalidad.
“Esta es una buena noticia para tres millones de trabajadores, pero es mala para los desempleados e informales, que ven alejarse la posibilidad de conseguir un trabajo formal”, expresó a través de cuenta de Twitter el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Por su parte, Duber Ledesma, director ejecutivo de Centro Unido, gremio que agrupa a los comerciantes del Centro de Medellín, afirmó que aunque entiende la necesidad de este incremento, dado el alto costo de vida, le sigue preocupando la empleabilidad.
“Este aumento se suma a la preocupación por la reducción de la jornada laboral, porque esto encarecerá más los gastos de las empresas sin mejorar la productividad, que en el país está un 65% por debajo de países desarrollados. Es decir, en una hora de trabajo nosotros apenas producimos el 35% de lo que se produce en otros países”, dijo Ledesma.
Y enfatizó que los comerciantes están dispuestos a pagar mejores salarios siempre y cuando la productividad también mejore, y no, por el contrario, subir el costo de la mano de obra sin mejorar la calidad de la misma.
Por otro lado, como representante de las pequeñas y medianas empresas del país, Rosmery Quintero, presidente de Acopi Nacional, aseguró que “las mipymes, que es donde se encuentra la mayor concentración de trabajadores con salario mínimo, seguimos necesitando apoyo en los diferentes instrumentos para la generación de empleo, y en conversación con la ministra se comprometió a revisar algunos aspectos que necesitamos y que serán incluidos en la futura reforma laboral”.
Otras medidas adelantadas
En la mesa de concertación salarial no solo se discutió este incremento, sino también otras medidas como la desindexación de 204 bienes y servicios, que están atados al mínimo, es decir, que aumentan sus precios de acuerdo al porcentaje que suba el salario.
Dentro de la lista también se encuentra el control de las tarifas de energía, los subsidios a los agroinsumos, la revisión de los precios de los medicamentos y del mecanismo con que se calcula la tasa de usura.
Frente a este último asunto, Alejandro Vera, presidente (e) de Asobancaria, dijo que el sistema financiero está dispuesto y abierto a trabajar con el Gobierno Nacional en las discusiones técnicas que se generen para la revisión y modificación de la tasa de usura —que es el máximo que pueden cobrar los bancos por los créditos y que hoy está en 41,4%—, ya que considera que lo más importante es “seguir irrigando créditos a las familias y a las empresas”.
Finalmente, según la ministra de Trabajo, hoy saldrá un primer decreto que incorporará 50 bienes y servicios para dicha desindexación. “En lo que queda del año vamos a seguir trabajando con el resto de productos, y llevaremos los otros 34 al Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.
Y recalcó que el diálogo como instrumento siempre será fundamental para llegar a cualquier acuerdo.
Sin duda, lo más destacado en la negociación salarial para 2023 fue el papel que desempeñó la ministra de Trabajo. Por ejemplo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco y uno de los voceros de los gremios, hizo un reconocimiento público a la titular de la cartera laboral “por conducir tranquilamente las conversaciones y lograr el compromiso inicial de lograr una cifra concertada”. Asimismo, desde la Andi, Bruce Mac Master destacó que la ministra “se mostró abierta a escuchar y a buscar un consenso que tuviera en cuenta el impacto sobre el poder adquisitivo de las familias, el sector productivo y las finanzas públicas”.
