La reforma tributaria del Gobierno Petro ya se radicó en el Congreso y propone subir los impuestos a las 1.000 personas de mayores ingresos en Colombia. No obstante, los expertos consideran que se trata de una medida ineficaz.
Entre las propuestas de la reforma está la idea de obtener más recursos, aumentando la tarifa nominal y marginal del impuesto de renta para los “super ricos”. Esta pasaría del 39% al 41%.
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La cuestión es que, para algunos analistas, el incremento podría afectar la inversión en el país. José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento Anif, sostuvo que las personas de ingresos muy altos tienen una participación importante en la inversión del país, por lo que sí hay una preocupación de que esto genere un problema.
López considera que la medida no logrará recaudar lo esperado, ya que, en su concepto, hay muy pocas personas asalariadas que tienen tanto dinero.
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Agregó que es difícil saber con certeza el daño cuantitativo que se pueda generar, pero señaló que cualitativamente está comprobado que los mayores impuestos incentivan a que las personas tengan su riqueza fuera del país.
“Un caso es el del Falcao, que ahora juega en Millonarios y para evitar ese tipo de tributación, lo que hizo es que eligió no ser residente fiscal de Colombia”, añadió López.
Pedro Sarmiento, socio director de Tax and Legal Crowe, coincidió con esa premisa. Indicó que Colombia ya tiene unas tasas de tributación muy altas para las personas de mayores ingresos. De hecho, dijo que es considerada como una de las jurisdicciones con mayor imposición fiscal de América Latina.
“Subir esos impuestos lo único que logrará es que haya una fuga de los grandes capitales y de la tributación que tiene Colombia a otra jurisdicción con mejores condiciones para los contribuyentes”, indicó el experto en derecho tributario.
Y es que para las personas es muy fácil declarar su domicilio fiscal en otro país, ya que es permitido. Uno de los requisitos es permanecer más de unos 183 días por fuera del país y así localizan su domicilio fiscal en una jurisdicción con impuestos más bajos.
Según el experto la ley de financiamiento no es otra cosa que una amenaza que no tiene ninguna posibilidad jurídica y económica de realizarse. “Es más, yo creería que los más ricos, ya tiene su capital fuera del territorio nacional”, dijo Sarmiento.
El experto argumentó que la propuesta de ley de financiamiento es irreal y no toma en cuenta la situación actual del país. No existe margen para aumentar los impuestos a los más ricos ni para gravar bienes de primera necesidad sin generar tensiones sociales.
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En lugar de ello, Sarmiento cree que el Gobierno debería enfocarse en reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sistema tributario. En su concepto, solo a través de una reestructuración del gasto será posible equilibrar el presupuesto sin poner en riesgo la estabilidad social y económica del país.
Mejor bajar el funcionamiento
La cuestión es que el Gobierno presenta serios problemas de caja y algunos analistas estiman que esto podría ocurrir otra vez en 2025. Esto porque el Ministerio de Hacienda pretende recoger $12 billones con dicha reforma tributaria, lo que llevaría a un presupuesto de $523 billones en 2025.
Otra cosa piensan los congresistas que insisten en que no se adelante esa ley de financiamiento y, en cambio, haya un recorte, que deje el presupuesto en $511 billones.
Analista también creen que la mejor salida es un tijeretazo. Uno de ellos es Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, que anotó ante la difícil situación fiscal, lo mejor sería que el Ejecutivo acuda a una estrategia de austeridad y recorte sus gastos de funcionamiento.
Romero comentó que un plan de austeridad puede basarse en limitar el aumento del gasto de funcionamiento. Es cierto que hay una parte del funcionamiento que es inflexible, pero hay una parte que se puede tocar.
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Corfircolombiana encontró que se pueden hacer recortes en entidades, gasto de personal, adquisición de bienes y servicios, y transferencias (incluidas pensiones y aseguramiento). Según los cálculos, se podría limitar el aumento del gasto de funcionamiento a la tasa de inflación proyectada para este año, con un máximo de dos puntos adicionales, resultando en un incremento cercano al 7,6%, esto le podría generar un ahorro de entre $10,9 y $11,6 billones al Ejecutivo.
De esa forma, no habría necesidad de hacer una reforma tributaria y el Gobierno se ahorraría ese dolor de cabeza.
