La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) del Gobierno de Gustavo Petro no deja de despertar polémica. En la noche del lunes 2 de diciembre fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes, pese a que podría traer un costo equivalente a casi nueve reformas tributarias.
En pleno debate, la representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, reveló una respuesta del Ministerio de Hacienda: “¿Sabe cuánto vale esta reforma?, me permito leer lo que me respondió el Gobierno, considerando que las últimas seis reformas tributarias en su primer año han recaudado el promedio de $16 billones (a precios de 2024), se requerirían nueve reformas tributarias de esta magnitud entre 2027 y 2035 para financiar este proyecto legislativo”.
En ese orden, Miranda expuso que el costo del proyecto equivale a entre 218 y 263 billones de pesos. De hecho, el documento de Hacienda estima que solo para el año 2035, el Gobierno necesitaría unos $55,3 billones adiciones para esa reforma.
La representante calificó la reforma como un proyecto irresponsable y advirtió que significará serios problemas para el futuro de la chequera del Gobierno.
Cabe resaltar que en el documento de Hacienda, la cartera aclara que este cálculo es sin aprobarse la Ley de Competencias (que asigna mayores responsabilidades a los territorios). Esta se debatiría entre 2025 y 2026 y es necesaria para que entre en vigor esta reforma al SGP.
Banco de la República advierte crecimiento de las transferencias
El mismo Banco de la República sostuvo que de no darse una transferencia equilibrada de responsabilidades fiscales entre el Gobierno y el Estado, habría riesgos macroeconómicos significativos.
Y agregó que con esta medida el Gobierno Petro estaría forzado a aumentar las transferencias, lo que equivaldría a 7,2 % del Producto Interno Bruto a 2038, lo que se ubicaría 1,3 puntos porcentuales del PIB por encima de lo previsto en el Marco Fiscal.
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La cuestión es que los cálculos del banco central son serios. De acuerdo con sus cifras el aumento en las transferencias previsto por el proyecto empeoraría del déficit del Estado para 2038 del 2,8% al 4,7% del PIB.
Además, “supone un aumento de la deuda neta de Gobierno del 54,9 % al 64,6 % del PIB”, se lee en el documento.
Otra entidad que se pronunció fue el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que alertó sobre serios impactos que traerá estos cambios en el SGP a la deuda y al déficit fiscal.
“La discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”, indicó esa entidad.
El Carf agregó que cualquier modificación de SGP que incremente la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno Nacional, pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal.
El Gobierno defiende la aprobación de la reforma al SGP
Por su parte, los simpatizantes del Gobierno destacaron que los cambios en el SGP son relevantes porque fortalecen la autonomía de los departamentos y municipios. Así los destacó el representante de curules de la paz, Diógenes Quintero.
Por la misma razón, el Ministerio del Interior la catalogó como una de las reformas constitucionales más importantes. Y resaltó que hubo concertación en varios aspectos como el porcentaje de transferencias, que inicialmente se propuso pasar del 20% al 46%, pero finalmente se acordó cerrarlo en el 39,5%.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que “Colombia dio un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”.
Una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.
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