La Procuraduría envió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una serie de observaciones sobre temas estructurales que de no ajustarse harían inviable la implementación de la reforma pensional.
Según la Procuraduría, falta reglamentación sobre al menos 45 puntos que podrían vulnerar los derechos de los afiliados, provocando vacíos jurídicos, técnicos y financieros.
Lea también: Reforma pensional tendría graves efectos económicos en Colombia al largo plazo: Carf
La Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social de la entidad destacó que Colpensiones, según los análisis realizados, no posee la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para gestionar el traslado de cerca de 19 millones de personas que implicaría la reforma. Además, precisó que, no alcanzaría a prepararse para asumir sus nuevas obligaciones antes de la fecha planteada para iniciar operaciones, el 1 de julio de 2025.
Esta advertencia se da en medio de nuevos llamados del Congreso para que la entrada en vigencia de dicha reforma se dé en 2027 y no en 2025.
Uno de los puntos más álgidos de la discusión es la fecha de entrada en operación del nuevo régimen pensional. La propuesta original del Gobierno fijaba el 1 de julio de 2025, pero ahora algunos representantes, incluyendo la opositora Catherine Juvinao, proponen posponerlo hasta 2027.
Lea también: Oposición propone que reforma pensional entre en vigencia en 2027
Por eso, el futuro de la reforma pensional en Colombia pende de un hilo durante estas semanas, antes del 20 de junio cuando termina el periodo legislativo, mientras el Gobierno enfrenta la oposición de algunos sectores y un debate crucial en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre la entrada en vigencia del proyecto.
Tanto Juvinao como expertos como Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, coincidieron en que Colpensiones no estará lista ni técnica ni administrativamente para asumir las responsabilidades del nuevo sistema en la fecha inicialmente prevista. Pardo agrega que el país en general no está preparado para la transición a un sistema de pilares, y que se necesita más tiempo para estar listo en temas institucionales y tecnológicos.
En medio del debate, el Ministerio de Hacienda entregó un concepto fiscal favorable al proyecto, afirmando que las consideraciones incluidas son fiscalmente viables y que los recursos de la reforma pueden incorporarse a la planeación financiera del Gobierno nacional sin afectar la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez ni las finanzas públicas a largo plazo.
Lea también: MinHacienda entregó concepto fiscal sobre la reforma pensional: esto dijo sobre cuánto costará
Este aval de MinHacienda reveló que, según las cuentas oficiales, el costo fiscal del proyecto sería de 33,5% del PIB hasta 2100, es decir, unos $500 billones.
Sin embargo, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pidió, para el último debate de la reforma pensional, agregar dos cambios fundamentales. El primero, que los miembros del fondo de ahorro que manejará el Banco de la República deben ser nombrados por el Gobierno con base en una lista que envíe el Banco y cumplan los requisitos de experiencia que establece la ley.
“El segundo es mantener la transición al nuevo régimen en 1.000 semanas. De otra manera que la transición tardará más de 20 años y tendrá un costo adicional importante”, dijo Ocampo.
También el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que la reforma pensional, como está concebida, le cuesta al país 0,3% del PIB por el pilar solidario, entre 0,2% y 0,8% del PIB por el pilar semicontributivo, y 2,5% del PIB por el pilar contributivo.
“En total, entre 3% del PIB y 3,6% del PIB. Es decir, entre $45 billones por año hasta $54 billones por año adicionales de gasto. Algo así como 4 reformas tributarias adicionales”, detalló Restrepo.
Le puede interesar: $350 mil millones se ahorraron los colombianos con Puntos Colombia en el 2023, así va el consumo
Según él, los jóvenes terminarán pagando esto o con más aportes de pensión (mínimo dos veces el aporte actual), o con nuevas reformas tributarias (mínimo 4 reformas tributarias adicionales) o con otra reforma pensional (para cambiar parámetros como elevar la edad de pensión).
Otros argumentos de la Procuraduría
La entidad enfatizó en la importancia de que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Congreso de la República consideren los estudios y conceptos sobre el costo fiscal del proyecto en el Presupuesto General de la Nación, para analizar el valor de los pilares de la reforma a mediano y largo plazo.
Los requerimientos tecnológicos, la falta de presupuestos adecuados, los tiempos necesarios para la elaboración de contratos y los periodos de prueba son algunos de los factores que impiden una implementación inmediata. Por esta razón, sugiere una implementación gradual a partir de 2026.
La Procuraduría insistió en que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez, que sea sostenible y viable para las futuras generaciones.
“Bajo ninguna circunstancia, esta reforma debe representar una afectación a los derechos de los afiliados y pensionados del país”, precisó la entidad.
Lea también: ¿Qué está pasando con Bancolombia? Usuarios siguen quejándose de intermitencia en app
En cifras
La firma Integral Soluciones Pensionales ISP precisó que Colpensiones tiene una capacidad instalada (física y virtual) para 6 millones de afiliados, y con la reforma pensional pasaría a 24 millones de afiliados.
“Colpensiones en promedio reconoce 10.000 pensiones al mes, a un % importante de solicitantes, la entidad no les cumple los términos de ley para reconocimiento; con reforma pensional, por la cantidad de afiliados, los términos de respuesta podrían empeorar. ¿Esa es la solución?”, advirtió Andrés Felipe Izquierdo, gerente de la firma ISP.
Agregó que $50,9 billones es la nómina de pensionados de Colpensiones, sin la mesada 14, y con un recaudo total del sistema que escasamente supera $40 billones año.
*Con información de Colprensa.
