De cara a los últimos meses de la actual legislatura, congresistas colombianos debatieron el futuro de la reforma pensional del Gobierno Petro, cuya viabilidad les deja serias dudas.
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En un panel integrado por Angélica Lozano, Catherine Juvinao (Partido Verde), Norma Hurtado (Partido de la U) o Miguel Uribe (Centro Democrático), en el marco del Congreso Asofondos 2024, se debatió el presente de la reforma en el Legislativo y las posibilidades que tiene la ponencia alternativa radicada por la propia senadora Hurtado.
En ese sentido, los congresistas dejaron ver su condescendencia con el proyecto alternativo, que vendría con dos cambios relevantes, entre un total de 22. El primero, que el pilar para cotizar en Colpensiones sea de 1,5 salarios mínimos y no de 3 como propone el Gobierno.
El segundo, que el fondo de ahorro pensional que se crearía sea administrado por el Banco de la República, en su calidad de entidad independiente, mientras la reforma propone que sea Colpensiones quien lo haga.
Al respecto, el senador Uribe indicó su deseo de que el proyecto sea sustancialmente diferente y de no ser posible apoyaría la ponencia de su colega del Partido de la U.
“Vamos a hundirla (la reforma) por tiempos o por votos”, expresó Uribe.
A su turno, la senadora Lozano afirmó que “la reforma está hoy hundida y eso me parece a mí una tragedia”.
Continuó que “la fácil es hundirla, yo votaría la de 1,5 (salarios mínimos de umbral), dicen que se está moviendo un acuerdo de dos salarios mínimos, solo si eso sucede, revive la reforma”.
Para Lozano, la reforma está casi muerta, teniendo en cuenta que le quedan dos meses, tres debates y la correspondiente conciliación en el Congreso.
La reforma se continuará debatiendo el lunes, luego de que esta semana el presidente del Senado, Iván Name, pospusiera la discusión en protesta por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra varios congresistas.
La decisión generó aplausos y críticas en el Senado. Mientras algunos lo vieron como una “jugadita” para dilatar la discusión –teniendo en cuenta que el proyecto, que está en segundo debate, debe estar aprobado antes del 20 de junio–, otros lo vieron como una determinación que hace respetar la autonomía del Congreso.
