Gobierno, fondos y congresistas coinciden en la necesidad de un cambio, pero tienen varias diferencias en las formas. La reforma se juega sus cartas definitivas en los próximos días y el Ejecutivo negociaría el tope de las cotizaciones que pasarían a Colpensiones, bajándolas a dos salarios mínimos.
Bajo el amparo de la Ley 100, hace 30 años cobró vida el Sistema General de Pensiones en Colombia. En abril de 1994 el Régimen de Prima Media (RPM), que hoy administra Colpensiones, y el entonces novedoso Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que representan los fondos privados, se lanzaron en búsqueda de resolver los grandes problemas de cobertura, sostenibilidad y falta de equidad que enfrentaba el sistema.
Los colombianos recuerdan una competencia voraz de los fondos y el régimen público en los primeros años para que les confiaran los ahorros para la vejez. Una investigación de Mauricio Santamaría, en Fedesarrollo, describe que en su momento el RPM agrupó todas las cajas existentes, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y Cajanal.
Por su parte, el RAIS generó transparencia y confianza en el sistema, en el sentido de que los contribuyentes podían conocer el saldo exacto de su ahorro y ver qué tanto estaba rentando. No obstante, las diferencias entre el RAIS y el RPM provocaron que varias personas optaran por devolverse al régimen público para lograr una pensión más generosa (ver gráfico).
En el marco de estas tres décadas, Asofondos, que agrupa a los fondos Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia realizó su Congreso 2024, destacando que a la fecha el 69% del monto que los colombianos tienen ahorrado allí corresponde a rendimientos. A enero, la suma alcanzaba $460 billones, propiedad de 19 millones de afiliados.
En el entre tanto, los recursos acumulados en Colpensiones llegaron a $8,4 billones, representativos de 6,8 millones de personas. A simple vista estas grandes cifras indican que en algo se mejoró la compleja situación previa a 1994, pero hoy todas las partes coinciden en que el sistema requiere una reforma.
La necesidad de reforma
Para Santamaría, los problemas de inequidad, baja cobertura y falta de sostenibilidad fiscal se mantuvieron pese a la intención de resolverlos con la Ley 100. El sistema es el reflejo del mercado laboral en Colombia, que tiene una alta incidencia del desempleo y, sobre todo, de informalidad.
Basta con echar vistazo a ciertos indicadores para darse cuenta que la brecha no logró cerrarse. De 25,8 millones de afiliados al sistema, poco más de 11 millones cotizan activamente. Y no menos grave, un colombiano solo aporta 9,1 años en promedio, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que el ideal serían 30 años.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, vio como otro dolor de cabeza que mientras el 74% de los cotizantes del sistema está en el RAIS, el 84% de los pensionados está en Colpensiones. Esto está explicado en buena parte por los traslados, solo el año pasado 103.000 personas pasaron de un fondo al régimen público.
En total, $94 billones se han movido desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones, lo que evidencia un sistema en el que ambos regímenes compiten y es justamente una de las causas para pensar en reforma.
A esto se suman varias inconsistencias, por ejemplo, el envejecimiento de la población, o que hay cinco trabajadores por cada pensionado en Colombia, pero apenas dos de ellos cotizan al sistema. Así mismo, los $25 billones que el Ejecutivo destinó, solo este año, para cubrir el hueco de las mesadas en Colpensiones.
Lo anterior derivó en la presentación de una reforma pensional por parte del Gobierno Petro, que en síntesis busca que Colpensiones reciba toda cotización que hagan los colombianos por 3 salarios mínimos o menos. Escenario que, según Asofondos, derivaría en la entrada de $43 billones adicionales al año a la administradora pública.
“Cuando se plantea esta reforma hay que señalar, es un principio básico de las finanzas públicas, las cotizaciones recaudadas para pensiones son para cubrir pensiones”, afirmó el ministro Bonilla.
Para el funcionario, la reforma del Gobierno con su tope de tres salarios mínimos administrados por Colpensiones sería una solución para que el sistema siga con vida los próximos 45 años. “Bajo un umbral de tres salarios mínimos, el Fondo de Ahorro dura hasta 2070”.
Miguel Largacha, presidente de Porvenir y del Consejo Directivo de Asofondos, coincidió en la necesidad de la reforma, pero con un mecanismo diferente. En representación de los privados, apuntó que se requiere mantener un sistema basado en el ahorro, y que el umbral de cotización obligatorio al régimen público sea un salario mínimo. Así mismo, respetar la propiedad de los ahorros y garantizar la operatividad del sistema.
“Tenemos la oportunidad para hacer la mejor reforma pensional que necesita Colombia. Es claro que los cambios demográficos son una realidad y, también, que se requerirán más recursos para garantizar jubilaciones dignas. La mejor reforma pensional es una buena reforma laboral. El centro del debate gira en torno a lograr un sistema sostenible financieramente y permanente en el tiempo, que entregue beneficios más justos a los trabajadores”, sostuvo.
La piedra angular
Es bien sabido que desde que el Gobierno Petro radicó la reforma pensional en el Congreso hace un año ha encontrado más diferencias que similitudes con los fondos privados y los congresistas. De hecho, los consensos sobre la reforma se podrían resumir en la eliminación de la competencia entre las AFP y Colpensiones, la limitación de los subsidios a las pensiones altas y la protección a los adultos mayores más vulnerables.
Pero hay una piedra angular: sobre cuántos salarios mínimos se cotizará en Colpensiones. El Gobierno ha mantenido firme su postura de que deben ser 3, los fondos y algunos centros de pensamiento como Anif plantean que debe ser 1, mientras en el Congreso toma fuerza una iniciativa que establece el tope en 1,5 salarios. De acuerdo con Anif, el gran inconveniente con la propuesta del Ejecutivo es que alrededor del 87% de los colombianos gana menos de tres salarios mínimos, con lo que en la práctica habría un importante efecto sobre el ahorro privado.
Juan David Correa, presidente de Protección, argumentó que la prioridad en la reforma debe ser un sistema contributivo, de tal manera que todos ahorren y los subsidios estén enfocados en las personas que en verdad los necesiten.
Ahora, si el Gobierno mantiene firme su idea de un esquema de pilares como lo plantea en la reforma, el tope de ahorro que vaya a Colpensiones “no debe superar un salario mínimo”, para que los subsidios sean más focalizados y se evite un considerable impacto fiscal. Como se mencionó, el Minhacienda ha sido claro en que la reforma propuesta no es un remedio definitivo y conforme cambie la pirámide poblacional se necesitará otro ajuste en el 2070, cuando se agote el Fondo de Ahorro. No obstante, Ricardo Bonilla afirmó que si el tope se baja a 2,5 salarios mínimos, la reforma tendría vida hasta el 2069; con 2 salarios, hasta 2065; con 1,5, hasta 2051; y con 1 “no alcanzan los recursos para construir el Fondo”.
¿Cómo va la reforma?
Al respecto, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, acotó que hoy la reforma está hundida en el Congreso, aunque se rumora que el Gobierno busca acordar que el tope se baje a 2 salarios mínimos, el cual seguiría siendo alto a ojos de los fondos.
Por eso, en el Legislativo cursa una ponencia alternativa que gusta más: la de la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, que pone como principales cambios bajar el tope a 1,5 salarios mínimos, que el Fondo de Ahorro sea administrado por el Banco de la República y que las modificaciones del sistema entren en vigencia en el 2026.
Se espera que en los próximos días continúe el debate de la reforma, una de las cartas más fuertes que se juega el Gobierno en su plan. A hoy el camino parece enredado, e incluso el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, se animó a decir que se va a hundir “por tiempo o por votos”. Lo cierto es que después de 30 años el sistema urge un cambio.
