A esta premisa se unió el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien afirmó que el proyecto “tiene varios vicios de trámite, no se permitió el debate y tampoco se tuvo en cuenta el principio de bicameralismo, ni los derechos de la oposición”.
La situación la ha advertido el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, quien evocó un fallo de la Corte Constitucional (C-074-21), que declara inexequible un proyecto de ley aprobado por la Cámara, acogiendo el texto del Senado.
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“Dice la Corte: ‘No conocer de manera suficiente lo que se aprueba, o negar la posibilidad de proponer, debatir o ajustar, constituye una abdicación de las responsabilidades que a ese órgano le confió la Constitución’”, precisó sobre el fallo.
Artículos que no cuadran
Como se ha mencionado, aunque el hecho de que la Cámara acogiera el texto del Senado de por sí genera dudas sobre el futuro de la pensional, también hay incertidumbre sobre algunos artículos que no tuvieron el respectivo debate y no hay respuesta sobre su impacto, como el impuesto a pensiones de $3,9 millones mensuales y la creación de un nuevo régimen para el 41% de los colombianos.
La senadora Valencia recordó que “el Gobierno guardó facultades para decidir el régimen pensional del 41% de los colombianos: comunidades indígenas, raizales, afrodescendientes y eso representa un número gigantesco de colombianos que no sabemos cuánto va a costar”.
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Añadió que no hay certezas sobre cómo quedará el impuesto a las mesadas; “queremos ser claros en que las pensiones no pueden ser gravadas como lo ha sostenido la jurisprudencia”.
En su momento, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó que el Gobierno Petro presentará un nuevo proyecto de ley para corregir errores de la reforma pensional antes que entre en vigencia el próximo año, lo cual calificó como una “mini reforma”.
Justamente, entre los puntos que serán objeto de revisión estarían el que hace referencia a la discriminación por comunidades especiales y el de la tributación de las pensiones, para que la carga no genere afectación a las mesadas de la clase media y media baja.
Dudas sobre la sostenibilidad
Según un análisis divulgado por LLYC y Dattis by LLYC, quienes han demandado también se basan en “los posibles efectos negativos sobre el ahorro de pensiones de los colombianos”, con lo que la suerte de este importante proyecto quedará en manos de la Corte Constitucional.
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En un pronunciamiento esta semana, el Centro Democrático dijo, por ejemplo, que la reforma es insostenible porque se seguirán financiando pensiones con el ahorro de los jóvenes, y además se “expropian” recursos de los fondos privados (AFP). Según sus cálculos, los menores de 34 años de hoy en día no podrán jubilarse “porque en 20 años no habrá plata para su pensión”.
En el mismo sentido, el partido criticó la eliminación del derecho a elegir, entendiendo que únicamente quienes ganan más de 2,3 salarios mínimos podrán escoger un fondo privado para cotizar su excedente; y citó un impacto negativo sobre infraestructura, salud o educación al “reducir las AFP”.
En todo caso, de aquí al 1° de julio del próximo año, cuando se espera entre a regir el nuevo modelo, habrá una lluvia de demandas desde distintos sectores. Según expertos, al ser una ley ordinaria, la Corte Constitucional solo entrará a estudiarla en el escenario que hayan demandas por inconstitucionalidad con sólidos argumentos.
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Durante la sanción de la pensional esta semana, el presidente Petro apeló a la lucha de clases en su discurso: “Hay que tener presente, y el pueblo debe saberlo con claridad, que aquí se está presentando un conflicto entre el pueblo que quiere justicia y otros con poder que quieren que la riqueza sea para unos pocos”.
