Tras una solicitud presentada por el gerente y representante legal de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, la Procuraduría General de la Nación llevará a cabo un seguimiento preventivo en el proceso de intervención de Air-e.
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La intervención por parte del ente de control se da luego de que EPM pidiera la intervención del Ministerio Público con su función preventiva, especialmente en las actuaciones de las autoridades administrativas involucradas, tales como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC - XM).
“La complejidad de esta intervención radica en su potencial efecto dominó sobre el mercado eléctrico, dado que las decisiones tomadas por las autoridades que se describen en el presente escrito, desconociendo el régimen constitucional y legal, evidencian una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”, dice la comunicación firmada por el gerente general de EPM.
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Como respuesta, la Procuradora General, Margarita Cabello, emitió la Resolución No. 405 del 4 de diciembre de 2024, que apenas ahora se conoce, en la que se dispone la designación de funcionarios específicos para llevar a cabo las acciones preventivas y de intervención administrativa en el marco del proceso de intervención de Air-e.
Los funcionarios designados trabajarán de forma coordinada para garantizar que las actuaciones administrativas en curso sean conformes con el orden jurídico y que el proceso de intervención sea debidamente monitoreado.
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A fin de obtener una mayor comprensión sobre el proceso de toma de posesión de Air-e y su estado actual, el ente de control convocó una mesa de trabajo presencial para este lunes, 13 de enero, a las 10:00 a.m., en la sede de la Procuraduría General, en Bogotá.
