Mientras los gremios y las distintas empresas del sector energético vienen advirtiendo de la crisis que está en ciernes, y que podría provocar un apagón financiero, la Procuraduría General de la Nación llamó la atención del gobierno nacional por no haber provisto los cargos requeridos en las instituciones que deben velar por la seguridad energética del país.
En un oficio enviado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas y Energía, Ómar Camacho, tres procuradores delegados hicieron notar su preocupación por la interinidad que hay en el sector desde hace varios meses, con el fin de que en cumplimiento del marco legal vigente a la brevedad se realicen los nombramientos que asegurarían la autonomía y el rigor técnico en la toma de decisiones del sector energético.
Y es que la situación es muy lamentable. Los procuradores señalaron, por ejemplo, que “no se ha realizado el nombramiento en propiedad de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, autoridad encargada, entre otras funciones, de crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo los criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia”.
La principal preocupación es que los seis comisionados están en calidad de encargados, y lo más grave, su encargo está próximo a vencerse.
Y, así mismo, la Procuraduría alertó que el Viceministerio de Energía “tampoco tiene un titular en propiedad... lo que ha generado pocos avances en el cumplimiento de las funciones asignadas... entre las que se encuentran: revisar la evolución del sector energético, proponer políticas y acciones para su crecimiento”, entre otras.
La entidad de control disciplinario también señaló que la decisión de nombrar funcionarios en propiedad no es un tema menor, puesto que el hecho de contar con la debida institucionalidad contribuye a un desarrollo económico sostenible para el país.
Justamente este martes el ministro Camacho había publicado un decreto mediante el cual Findeter podía otorgar créditos por $1 billón para que las comercializadoras que están en problemas pudieran financiarse, mientras se les inyectan los recursos necesarios para su operación.
