Sus cuentas parten de que, como mencionó el Gobierno, hay $12 billones que dependen de una reforma tributaria. De entrada este monto es incierto, a sabiendas de que el proyecto tendrá que pasar primero por el Congreso, donde dependiendo de las modificaciones podría salir con un recaudo potencial menor, o inclusive caerse.
Pero no solo eso. Para el Observatorio, tampoco hay certidumbre sobre $14,6 billones más que vendrían por el recaudo por gestión tributaria de la Dian y lucha contra la evasión y $4,5 billones adicionales de recursos de capital resultantes de las utilidades de Ecopetrol y el resto de empresas industriales y comerciales del Estado.
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Agrega, por ejemplo, que “en el escenario que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento (reforma tributaria) la caída en el rubro de inversión pública podría llegar al 30%”.
Por eso considera que el cumplimiento de la regla fiscal el año que viene dependerá reducir el gasto público y hacer ajustes fiscales adicionales.
Como fue radicado el Presupuesto, el año que viene habrá $82,4 billones para inversión; $112,6 billones que corresponden al servicio de la deuda; y $327,9 billones para gastos de funcionamiento.
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Así, se confirma que el Gobierno Nacional destinará más plata para pagar deudas que para invertir. Poniéndole cifras, habría $12,3 billones más para honrar acreencias, mientras se recortarían $24,4 billones en inversión.
Según el Observatorio, “los mayores recortes en el rubro de inversión se centran en Inclusión y reconciliación Social con $5 billones menos (−39%), Agricultura y Desarrollo Rural con $3,9 billones menos (−48%), TIC con $1,4 billones menos (−43%), Vivienda con $1,4 billones menos (−24%) y Educación con $800 mil millones menos (−9%)”.