Este lunes comienza el plazo que ofreció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para la promulgación del decreto del Presupuesto General de la Nación para 2025, en lo que será un hecho inédito en la historia republicana del país.
A esta resolución se llegó luego de que a mediados de septiembre, las comisiones económicas del Congreso negaran el monto propuesto por el Gobierno de $523,7 billones. Los políticos alegaron, por ejemplo, la desfinanciación del articulado.
El mismo Gobierno es claro con esto. Del monto total, solo están asegurados $511 billones, mientras que los restantes $11,8 billones se recogerán a través de una nueva propuesta de reforma fiscal.
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No obstante, este trámite aún no ha comenzado en el Legislativo y ya que por norma no se pueden realizar modificaciones a las reglas tributarias por decreto, el futuro del nuevo Presupuesto General para 2025 está pendiente del tránsito de esta iniciativa, que aún no tiene a sus coordinadores ponentes.
“El elevado presupuesto de 2025 se encuentra desfinanciado y, aunque se apruebe la ley de financiamiento, un escenario complejo dado que no aprobó el monto del Presupuesto, no se asegura que se recaude lo necesario dadas las actuales condiciones en que se encuentra la economía”, aseguró Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa.
Además de esta coyuntura, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también alertó lo que puede pasarle al Presupuesto General una vez sea emitido por el Gobierno vía decreto.
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“Cuando el presupuesto es aprobado de esta forma y en este se incluyen las correspondientes disposiciones generales, el Ejecutivo no podría darse facultades así mismo que son de competencia exclusiva del Congreso. En caso de que esto ocurra, podría estar contradiciendo normas constitucionales y legales que pueden generar demandas futuras que busquen tumbar el decreto”, se lee en un estudio reciente sobre la norma.
