Gloria Vásquez tiene 63 años y vive en una vereda ubicada en la parte alta de San Jerónimo (Occidente de Antioquia). Es recolectora de mora y lleva 20 años trabajando el campo para que su hija pueda estudiar.
“Yo no tengo nada, solo mis manos para trabajar”, dice. Y aunque desde hace muchos años labora en el campo, no puede sembrar en su propia casa, pues no cuenta ni con la tierra suficiente ni con los recursos económicos.
Como ella, muchas mujeres que han asumido un mayor liderazgo y redefinido esa noción de “jefe de hogar”, siendo las proveedoras y cuidadoras, viven sorteando constantemente las barreras sociales, económicas y culturales que las exponen al empobrecimiento de su calidad de vida.
Y es que en Colombia, entre 1997 y 2022, los hogares con jefatura femenina registraron un crecimiento de 71,3%: se pasó de tener un 25,8% de familias lideradas por mujeres, a un 44,2% —siendo la cifra más alta la de cabeceras municipales, con un 46,7%—.
El problema es que esta jefatura femenina está más asociada con la pobreza. Y así lo comprueban los datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane): a nivel nacional, el 41,4% de los hogares cuyas responsables son mujeres se encuentra en situación de pobreza monetaria y el 16,7% en pobreza extrema; en comparación con los que tienen jefes hombres, con 33,1% y 11,6% respectivamente.
El indicador de pobreza aumenta significativamente en los centros poblados y áreas rurales dispersas, llegando al 50,4% para las jefas de hogar y 43,6% para los hombres.
En pocas palabras, de los 17,5 millones de hogares que se calcula que tiene el país (a 2022), 7,7 millones son encabezados por una mujer. Y de estos, 3,2 millones viven en la pobreza y 1,3 en la pobreza extrema. Esto significa que, en total, 4,5 millones de familias encabezadas por una mujer viven en la precariedad.
Los datos también son alarmantes si se mira a nivel global. Según la ONU, en la actualidad, más del 10% de las mujeres del mundo están atrapadas en un ciclo de pobreza extrema y viven con menos de 2,15 dólares al día. Al ritmo actual de progreso, por lo menos 342 millones de mujeres (el 8% del total) seguirán viviendo en la pobreza extrema hasta 2030.
¿Las razones? Salarios más bajos, trabajos no remunerados y mayor tiempo dedicado a los cuidados —en promedio destinan más de siete horas al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres destinan menos de cuatro horas—. Esta situación, para la ONU, debe considerarse como un problema multidimensional en el cual se deben analizar las desigualdades estructurales que las afectan.
Desigualdades en el mercado laboral
La discriminación y poca flexibilización en el mundo laboral, la brecha salarial en relación a los hombres y el acceso limitado a los recursos y activos financieros, siguen limitando la participación de las mujeres en la educación, el empleo decente y la toma de decisiones, al tiempo que les imponen una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Desde la óptica de Clara Inés Pardo, profesora de la Universidad del Rosario, los hogares con mujeres a la cabeza son más vulnerables por diferentes razones, “una de ellas es la tipología de los cargos a los que usualmente acceden ellas, que tienden a ser inestables: la mayoría son de cuidado y tienen menor salario; la misma maternidad genera que en muchos casos tengan cargos pero de medio tiempo o con menor remuneración. También, el no contar con apoyos sociales limita sus posibilidades de generar ingresos”.
A nivel mundial, resaltó la ONU, solo el 61% de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza de trabajo, frente al 90,6% de los hombres. Además, cerca del 60% de las mujeres trabajan en la economía informal, una cifra que se dispara a más del 90% en los países de ingreso bajo.
Si se mira el panorama local, según el Dane, en febrero de 2024 la tasa de desempleo en Colombia fue de 11,7%. Pero la situación fue más crítica para las mujeres, pues este índice se ubicó en 14,7%, mientras que en los hombres fue del 9,4%, con una brecha de género de 5,3 puntos porcentuales (p. p.).
En cuanto a la población por fuera de la fuerza de trabajo, es decir, que estando en edad de trabajar no participa en el mercado laboral, 9,9 millones fueron mujeres, 198.000 más frente a febrero de 2023. De ese total, 7,1 millones de ellas se dedicaron a oficios del hogar (un aumento de 245.000 mujeres).
Por el contrario, en los hombres esta cifra se redujo y llegó a 4,5 millones (13.000 menos). De estos, 986.000 se dedicaron a tareas del hogar (84.000 más).
“Una mujer cabeza de hogar tiene bajo sus hombros múltiples responsabilidades, como brindar y proveer, cuidar y administrar, todo lo que implica una familia. Esto limita claramente la posibilidad de trabajar a tiempo completo, o tener disponibilidad para mejorar habilidades o competencias a través de estudios. La precarización también las limita en cuanto a acceso al crédito o a la propiedad de bienes porque no cuentan con capital”, comentó Ana María Fergusson, decana de formación para la vida y relacionamiento empresarial del Cesa.
Vivienda y tenencia de la tierra
Otro de los factores que agudiza la pobreza en los hogares liderados por mujeres es la falta de acceso a la vivienda digna y a la tierra.
El más reciente informe que realizó el Dane sobre esto, que fue en 2022, arrojó que en el país el 30,4% de las familias ocupaba viviendas con déficit habitacional. Estas propiedades presentaban deficiencias de tipo cualitativo, como hacinamiento, privación de servicios públicos y saneamiento básico.
En el caso de los encabezados por mujeres, el déficit correspondía al 28,8%, con un 6,4% en cuantitativo y un 22,4% en cualitativo. Para no ir muy lejos, la casa de Gloria está en obra negra, pues lleva más de diez años esperando que se le cumpla el milagro de hacerle un mejoramiento.
Frente a la proporción de personas con vivienda propia, esta es mayor en hogares con jefatura masculina (39,5%) en comparación con jefatura femenina (38,3%).
La propiedad de la tierra ha sido otro factor determinante. De acuerdo con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), en términos de titularidad rural, el 63,7% de los predios con único propietario tiene a un hombre como titular, mientras que el 36,3% restante tiene a una mujer.
Esta diferencia, señala el gremio, reduce la autonomía y el poder de decisión de las mujeres tanto en el ámbito del hogar como en las actividades productivas asociadas.
Lo anterior también ha dificultado, por ejemplo, el desempeño de las mujeres como proveedoras de alimentos para sus familias. Un informe de la Fundación Tierra, organización no gubernamental dedicada al desarrollo rural sostenible, las mujeres poseen menos tierra, en peores condiciones y su tenencia muchas veces es insegura. Esta inequidad es un obstáculo para el manejo sostenible de recursos naturales y para el desarrollo rural.
“Unos de los obstáculos al reconocimiento de la mujer son las normas y prácticas patriarcales que consideran al hombre como propietario del patrimonio familiar, y por tanto el que toma las decisiones sobre la producción agropecuaria y el reparto de los recursos e ingresos familiares. Este sistema oculta las contribuciones de la mujer al sustento familiar”, sostuvo el informe.
Inclusión financiera, las brechas
La inclusión financiera es un facilitador para reducir la pobreza; sin embargo, y a pesar de los avances, en Colombia aún hay brechas pronunciadas en el indicador de acceso de género.
Desde Asobancaria afirman que factores como la desigualdad laboral, la falta de tenencia de propiedades (incluida la tierra) que fungen como garantías o colaterales, los bajos salarios, la informalidad de los empleos y las cargas asociadas a las tareas domésticas y al cuidado, siguen siendo impedimentos para que ellas tengan un mayor acceso al crédito y a servicios como ahorros, seguros, pagos, entre otros.
Y esto fue evidenciado en un reciente estudio de la Banca de las Oportunidades y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), según el cual, a cierre de junio de 2023, el 89,8% de las mujeres adultas colombianas tenía al menos un producto financiero, en comparación con el 96,6% de los hombres, lo que refleja una brecha de 6,8 puntos porcentuales (pp). Esta tendencia se observa también por tipo de producto, donde la brecha a favor de los hombres en el acceso a depósitos y créditos es de 6,7 y 3,8 pp., respectivamente.
También, las entidades financieras suelen darle un mayor monto de crédito a los hombres que a las mujeres. A mitad de 2023, el valor promedio desembolsado para hombres fue de $936.120 frente a $786.939 que le otorgaron a las mujeres.
En materia del costo del crédito, la tasa de interés que le da el mercado a ellas es mayor que para los hombres, con una brecha cercana a 1,0 pp. para créditos de vivienda; 0,4 pp. en consumo; y la más amplia se presenta en microcrédito, que alcanza 3,9 pp.
Esto, pese a que, según el Banco de la República, los indicadores de riesgo de crédito por sexo, calidad por riesgo y calidad por mora de las mujeres muestran mejores resultados.
Ahora bien, el gremio de las entidades bancarias identificó algunas fortalezas que facilitarían la inclusión financiera de las jefas de hogar.
La primera de ellas es la cultura del ahorro: el 85% de las mujeres ahorran en efectivo, un porcentaje superior al 71% registrado entre los hombres. Y el 40% de ellas tiende a dejar dinero ahorrado en cuentas bancarias.
Lo segundo es que, citando el informe de inclusión financiera con enfoque de género del Banco de la República, las tasas de interés para créditos de vivienda, consumo y microcrédito fueron más altas para las mujeres en comparación con los hombres durante 2020 y 2023. No obstante, el indicador de calidad de cartera por mora, para créditos de consumo, fue de 5,1% en las mujeres, mientras que para los hombres fue de 6,4%. Además, la tasa de cartera riesgosa fue de 7,8% para mujeres y de 9,4% para los hombres.
Es decir, ellas presentan un menor nivel de siniestralidad (impagos o insolvencia) en el otorgamiento de créditos.
Por último está que las jefas de hogar, que tienen el control y toman decisiones sobre la administración de los ingresos familiares, muestran una menor aversión al riesgo. Esto indica que cuando se sienten empoderadas y participan activamente en la toma de decisiones financieras del hogar, experimentan seguridad y confianza sobre sus finanzas.
¿Y Cómo avanzar?
Los retos no son pocos. Para Pardo, lo primero es ejecutar estrategias que le den a la mujer la oportunidad de formarse en otras áreas más allá del cuidado, y que cuenten con una flexibilidad que les permita asumir sus roles productivos.
“Se deben generar infraestructuras sociales que les permitan la complementariedad entre trabajo y cuidado del hogar. También inclusión de las madres de bajos recursos para que cuenten con oportunidades laborales y de estudio”, opinó.
Complementando esta visión, Fergusson consideró que todas las políticas y programas sociales del país deberían tener un enfoque diferencial que logre captar cuáles son las particularidades de esas jefas de hogar, en qué territorios están y si existen condiciones adicionales que provoquen su vulnerabilidad, además del hecho de ser mujer.
“Teniendo en cuenta esto, hay múltiples iniciativas que pueden mejorar la situación de las mujeres. Lo primero es brindar esquemas de educación y formación flexibles. Segundo, estrategias que impulsen, por ejemplo, la compra de productos a madres cabeza de familia; esto fortalece sus ideas de negocio y finanzas. Es indispensable continuar implementando programas nacionales que prevengan y atiendan la violencia de género”, manifestó la docente.
Agregó que, a través de las entidades territoriales, se necesitan sistemas de cuidado para que puedan dejar a sus hijos mientras ejercen su trabajo. “Aquí las empresas pueden contribuir con esquemas de apoyo y horarios flexibles. De parte del sector financiero, se necesitan programas que faciliten el acceso al crédito en dos sentidos: fortaleciendo sus negocios, y créditos con tasas favorables y plazos que ellas puedan cumplir ”, dijo.
Frente a esto último, y en línea con un estudio de la Superintendencia Financiera, se ha demostrado que generar autonomía económica de la mujer mejora la seguridad alimentaria y la atención de la salud de todos los miembros de sus familias. Y en los hogares en donde las finanzas son controladas por ellas, se aumenta el gasto en servicios públicos y alimentos, así como en bienestar infantil, incluida los estudios y atención médica de sus hijos.
Así las cosas, aún queda mucho que abordar y trabajar sobre esta problemática, pero, tal y como afirma la ONU, solo si se garantizan la igualdad de acceso a las oportunidades y a la toma de decisiones para las mujeres, las sociedades pueden crear economías más sanas y justas.
