Los gremios del sector energético Andesco, Acolgen, Andeg, Ser Colombia, Naturgas, Andi, Asoenergía, Acce y Asocodis, enviaron una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, sobre el impacto del Decreto 1276 de 2023, que adopta medidas para crear un régimen tarifario especial y diferencial en La Guajira.
En el documento los gremios además señalan que es fundamental la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía en La Guajira, “en tanto estos permitirán no solo la ampliación de la oferta y diversificación de la matriz eléctrica del país, sino también el mantenimiento y creación de nuevos empleos en la región, la intensificación de las transacciones comerciales sucedáneas a los proyectos que generan riqueza para todos los habitantes y la atracción de nuevas inversiones para aumentar las condiciones de prosperidad de una región que, coincidimos con el señor Presidente de la República, puede ser un polo de riqueza en los años por venir”.
Sin embargo, los gremios señalan que afectan los retrasos respecto a la fecha inicialmente planteada para la entrada de operación. “Observamos con gran preocupación que las medidas definidas en dicho cuerpo normativo (el Decreto 1276) no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica”, se lee en el documento.
Para los nueve gremios, la mayoría de las disposiciones previstas en el Decreto generan un impacto negativo para todo el país y específicamente para los usuarios del servicio de energía eléctrica, “ocasionando incrementos en las facturas tanto por la suscripción de contratos de energía, como por el aporte definido para el departamento.
Paralelamente, hacen hincapié en la modificación de las subastas del cargo por confiabilidad, pues aseguran que se están realizando cambios estructurales al mercado de energía que afectarán a los usuarios en el largo plazo, “con injerencias en la libre competencia en la oferta, la formalización eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas”.
Agregan que “por la vía de la emergencia se alteran las condiciones de sana y libre competencia, no solo respecto de proyectos a desarrollar en La Guajira, dada su riqueza eólica y solar, sino en general para todo el país”.
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Así, el grupo de gremios recuerda al Minminas que en marzo de 2023 dieron al Gobierno Nacional diez principios en los que debe basarse la toma de decisiones en el sector, pero, dicen, cuatro de ellos no se están cumpliendo: libertad de empresa y participación de capital público, privado y mixto en el desarrollo del sector; eficiencia tarifaria en los servicios regulados y en los mercados establecidos; suficiencia financiera para los prestadores de los servicios públicos, y estabilidad jurídica y normativa para la inversión y prestación de los servicios.
