Ayer, domingo 7 de julio, comenzó a regir la nueva medida restrictiva de la Ley 2232 de 2022 que prohibe el plástico de un solo uso en el país. La cuestión es que la normativa permite que los productos reutilizables, reciclados y biodegradables continúen circulando en el mercado, pero los gremios aseguran que en Colombia no es posible conseguir una de esas certificaciones para seguir produciendo dicho material.
El lector ya habrá notado el cambio en los supermercados, que sacaron de circulación las bolsas plásticas. También se regularon los soportes plásticos para los copitos y para las globos, así como los mezcladores y los pitillos para las bebidas.
La Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) calcula que los seis plásticos que la medida sacó del mercado, equivalen a una producción de entre 50.000 y 60.000 toneladas anuales, por lo que la apuesta es seguir produciéndolos, pero de la mano de la economía circular, es decir, de forma biodegradable o reciclada, ya que son excepciones que contempla la ley.
No obstante, la norma especifica que “los procesos de evaluación de la conformidad de las alternativas sostenibles con enfoque de economía circular deberán cumplir con los requisitos que garanticen la veracidad y transparencia de la información”.
Se trata de un Formato de reporte de resultados de biodegradabilidad que se debe presentar al Ministerio de Ambiente, “acompañado de los resultados de verificación del porcentaje de biodegradación y la ausencia de sustancias de interés en los resultados de la biodegradación del laboratorio, así como los métodos de ensayo acreditados nacional o internacionalmente para tales efectos”. Esto quiere decir que la acreditación puede ser suministrada por un laboratorio nacional acreditado o uno internacional con acuerdo de reconocimiento.
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La preocupación
El meollo del asunto es que en Colombia no existen laboratorios que realicen pruebas para simular un proceso acelerado de biodegración y estimar los tiempos de descomposición del producto. Así lo explicó Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.
El líder gremial indicó que a raíz de ese problema, estas pruebas se deben realizar en laboratorios internacionales homologados. No obstante, advirtió que es importante tener en cuenta que hacer los estudios toma tiempo y no son nada económicas. “Es urgente que las empresas procedan pronto y se organicen para cumplir con los requisitos”.
En una cotización que hizo Acoplásticos, se conoció que esas pruebas con laboratorios internacionales tienen un valor cercano a los 6.900 euros por seis meses (unos 30,57 millones colombianos), o 2.300 euros por tres meses (unos $10,12 millones).
“Es positivo que el Ministerio de Ambiente permitió en la resolución un plazo de un año para realizar estas pruebas de biodegradación, con lo cual las empresas tienen tiempo de contratarlas con laboratorios en otros países”, sostuvo Mitchell.
Pero no todos piensan igual. Desde la Cámara Ambiental del Plástico se cree que ese plazo es insuficiente. Cristian Halaby, presidente de ese gremio, indicó que en un año deben contar con el análisis de los laboratorios certificados por la Onac (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia o que tengan un acuerdo multilateral de colaboración.
La crítica de Halaby obedece a que la industria manufacturera tendría un año y medio para hacerlo si la reglamentación hubiese cumplido con el tiempo estipulado para conocerse, que era el 7 de enero de 2023, pero según sus cuentas no se gestionó de manera oportuna y ahora el tiempo para adaptar los cambios es más reducido.
Ambos gremios de esta industria contaron que ya hay empresas que han hecho un esfuerzo por incorporar la tecnología y tener los más altos estándares de calidad para fabricar con biodegradación, pero ante la ausencia de laboratorios en el país no han podido avanzar en la obtención de estos certificados.
De acuerdo con Halaby, la falla consiste en que no se tuvo en cuenta que existieran laboratorios específicos para emitir esta certificación y, además, que las entidades colombianas sí estuvieran preparadas para hacerlo.
En el caso de la Cámara Ambiental de Plástico comentaron que están trabajando de la mano con la Onac y con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Esto, para buscar que haya laboratorios nacionales y extranjeros para hacer la pruebas de ensayo que demuestran la biodegradación.
“Con este trabajo buscamos subsanar la falta de celeridad en la aplicación de la ley y la emisión de la reglamentación del Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Halaby.
Dicho gremio calcula que en los siguientes cuatro o cinco meses los laboratorios ya cuenten con la certificación para emitir las pruebas. Sin embargo, proyectan que solo hasta 2025 comiencen los ensayos para demostrar la biodegradación en los múltiples productos, por lo que es algo que, sin duda, toma tiempo.
Más caros
Tanto la Cámara Ambiental del Plástico como Acosplástico coincidieron en que los productos biodegradables son más costosos. Daniel Mitchell expresó que un producto con materiales compostables o biobasados (materias primas renovables) tiene un costo entre dos y tres veces mayor frente a uno convencional. Y eso no es todo, aseguró que, además, habrá que sumar a los costos las pruebas que simulan la biodegradación.
Cristian Halaby recordó que esta tecnología lleva unos siete años en Colombia. En su concepto para evitar mayores trastornos en el mercado hay que buscar que el uso de esta tecnología se multiplique por 100 para que todos los fabricantes puedan incorporar estas alternativas sostenibles, de esa forma el incremento de costos debería ubicarse entre el 10% y el 15%, que obedecen a la adaptación de alternativas reutilizables, reciclables, y biodegradables.
Lo cierto es que la entrada de esta norma sí tendrá un impacto en la industria. Acoplásticos cree que los elementos que van a salir del mercado, teniendo en cuenta las excepciones, podría representar unos $200.000 millones, equivalentes al 2% de la industria del plástico. De igual forma, calcula que se impactarían alrededor de 1.000 puestos de trabajo y de unas 100 empresas en el país.
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