La aclaración la hace la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce).
Desde su llegada a la Presidencia, uno de los cuestionamientos frecuentes de Gustavo Petro ha sido contra las altas tarifas de energía y en sus intervenciones ha sido insistente en la necesidad de bajar los precios para las familias.
El pasado 27 de septiembre, durante la inauguración del parque solar fotovoltaico La Unión, en el departamento de Córdoba, Petro aseguró que la hidroeléctrica Urra genera el kilovatio a $220, pero en un barrio de Montería en el recibo vale $1.500.
Ante estas declaraciones, la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce) enfatizó en que no es real que en Colombia se compre energía a $200 el kilovatio hora y se venda a $1.200.
El gremio explicó que la comercialización de energía es una actividad de la cadena de producción de la energía eléctrica, establecida en la Ley 142 de 1994 y debidamente regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Mediante el Reglamento de Comercialización, se definen los derechos y obligaciones de los agentes que realizan esta actividad, junto con las actividades de generación, transmisión y distribución, como todas las requeridas para completar el ciclo de producción de la energía eléctrica.
“El comercializador de energía, más que un intermediario, es el representante de los usuarios ante los demás agentes de la cadena productiva y como tal, se encarga de facturar y cobrar, en representación de dichos agentes, sus costos, para luego transferirlos”, mencionó la Acce.
Igualmente, la Asociación indicó que cuando se habla de precio de compra y venta, se debe entender que el producto final, es “la luz que le llega al usuario al encender el interruptor”, y para ello se requiere no solo generar la energía, sino también transportarla, distribuirla, reconocer los sobrecostos en que se incurre en el sistema para garantizar el servicio, los costos administrativos de las entidades que regulan (Creg), supervisan (SSPD) y operan (XM) el sistema, y obviamente el costo por los servicios de comercialización, que dicho sea de paso, representa el menor valor dentro de la cadena productiva.
“Por tanto, no es cierto que el precio de la energía se exagera en 4 ó 5 veces y que ello sea una renta por un monopolio. Por el contrario, gracias a la competencia en el mercado, los precios tienden a ser eficientes, regidos por la oferta y la demanda”, añadió el gremio que lidera Marta Aguilar.
Y mientras Petro señala que hay un monopolio o “club que impone el precio”, la Acce sostiene que por el contrario las Leyes 142 y 143 de 1994 (Ley Eléctrica y Ley de Servicios Públicos), liberalizaron el mercado y permitieron la inversión privada en el sector eléctrico, básicamente en generación y comercialización. Se abrió el mercado a la competencia y hoy participan en el mercado colombiano 73 agentes generadores, 37 distribuidores, 122 comercializadores (tradicionales e independientes) y 16 transportadores.
A juicio del mandatario “no debe haber intermediarios entre las compras, entre generadores, distribuidores, distribuidores y comerciantes”, pero la Acce cree otra cosa.
“Decidir acabar con la intermediación sería volver al monopolio que existió hasta 1.994, con los consabidos abusos, apagones y mal servicio a los que el monopolio conlleva y que azotó al pueblo colombiano por muchos años. Adicionalmente, las funciones del comercializador (y de cada agente de la cadena) son imprescindibles para lograr el producto final, por tanto, pretender acabar con la intermediación implica que sus funciones y servicios deberán ser reasignadas al distribuidor”, añadió la Acce.
El gremio de los comercializadores reconoce que atravesamos un momento coyuntural, del cual debemos aprender y rescatar las experiencias vividas, para ser resilientes y proponer las modificaciones y ajustes que conlleven a una mejor operación del sistema, para lo que abogó por una regulación eficiente y efectiva, dirigida al desarrollo de incentivos para la adopción de nuevas tecnologías y al empoderamiento de los usuarios.
Igualmente, sugirió promover las inversiones en todas las actividades de la cadena de producción y buscar “limpiar” la fórmula tarifaria, buscando la eliminación de sobrecostos o cobros innecesarios, que afectan el bolsillo de los colombianos y la productividad de la industria eléctrica.
