“Como son independientes, pues yo lo que voy a hacer, simplemente, es ir a corroborar que son independientes. En Colombia, todo trabajador independiente tiene que llenar una PILA y quien lo contrata debe dar cuenta del PILA. Vamos a ver si eso en verdad se está cumpliendo en el país. Y si eso se está cumpliendo, nosotros procederemos como debe ser”, enfatizó Ramírez.
Matías Laks, el gerente general de Rappi, afirmó que, si el texto pasa tal como está, el 90% de quienes hoy obtienen ingresos realizando domicilios se quedarían por fuera de la compañía.
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“Tendríamos que constituir contratos rígidos y tradicionales con cada uno de los domiciliarios, y eso va en contra de la naturaleza de cómo ellos mismos utilizan la aplicación. Alrededor de 150.000 personas han entregado una orden en los últimos seis meses, y unas 60.000 lo han hecho en el último mes, ya ahí se nota que hay mucha rotación: los que están entregando hoy no lo hacían meses atrás, unos se conectan una semana por 10 horas, pero a la otra se conectan dos, y a la siguiente 20. Esa flexibilidad se estaría perdiendo, y el 90% de los domiciliarios trabajan de esa forma”, le comentó el ejecutivo a este diario.
“No estamos en contra de una regulación, queremos ser regulados y que se regule el sector, pero acorde a la realidad de las plataformas digitales, porque si se llegara a aprobar esta reforma tal como está, el Rappi que conocemos va a desaparecer: se van a mermar las órdenes en un 50%, el 90% de los domiciliarios se quedarán por fuera porque no los podremos emplear, y solo operaríamos en aquellos lugares donde tengamos un volumen que soporte los costos de la plataforma”, añadió.
En medio de todo el ruido con la proyecto de reforma laboral y el descontento de los domiciliarios que marcharon ayer, la ministra de Trabajo afirmó que “con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que hayan diálogos responsables (...) Llamo al CEO de Rappi, a la mesa técnica que tiene con el Ministerio, o acabamos esa mesa técnica y nos vamos —como él quiere— a las calles (...)”, agregó la funcionaria.
La regulación frente a los domiciliarios y demás personas que obtienen ingresos con plataformas digitales es un debate de vieja data en el país. Sin embargo, los fundadores de las aplicaciones sostienen que no hay una relación de subordinación, toda vez que quienes se conectan para realizar servicios son usuarios de las plataformas, en ningún caso son empleados, e ingresan cuando quieren y por el tiempo que mejor les parezca.
“A través de una agremiación que se formó hace cuatro años llamada Alianza IN, dirigida por José Daniel López, le hemos hecho al gobierno una propuesta muy concreta de regulación, que básicamente tiene tres puntos: uno, poder pagarle ARL a todos aquellos domiciliarios que están generando arriba el salario mínimo; dos, todos aquellos que no logren generar el equivalente a un salario mínimo, cubrirlos a través de un esquema de seguros privados. Y tres, discutir algún modelo de concurrencia en el pago de la pensión y la salud. Esto ya lo hemos presentado en las mesas de diálogo, el gobierno nos ha escuchado, pero lamentablemente nada de esto se incluyó en la reforma”, señaló Laks.
