El 29 de junio de 2023 fue sancionada la Ley 2281 que formalizó la existencia del Ministerio de Igualdad y Equidad, en cabeza de la también vicepresidente Francia Márquez.
Con su constitución, quedaron a su cargo el Instituto de Bienestar Familiar y los Institutos para Sordos y Ciegos. Además de cinco viceministerios: de las Mujeres, de la Juventud, de las Poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, de las Diversidades y de Pueblos étnicos y campesinos.
Inicialmente, la cartera creada en el Gobierno Petro, contó con una asignación presupuestal, para 2023, de $500.000 millones, superior a otras carteras como los Ministerios de Tecnología, Justicia, Ciencia y Transporte.
Para este año, le fueron asignados al Ministerio de Igualdad $1,3 billones, un rubro superior a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo ($949.541 millones); Relaciones Exteriores ($703.000 millones); Transporte ($523.713 millones); Ciencia, Tecnología e Innovación ($397.875 millones); Justicia y del Derecho ($211.486 millones); y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ($120.000 millones).
Para el 6 de septiembre del mismo año, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, reconoció la constitucionalidad de la creación del Ministerio, admitiendo que no afectaba el criterio de sostenibilidad fiscal. El ente de control recalcó los procesos y la compatibilidad del estudio de afectación fiscal con las proyecciones de la política económica.
El pasado 23 de abril, la Contraloría General de la República alertó sobre la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación para este año, con solo 9,1% en el rubro de inversión, donde el Ministerio de Igualdad arrojó una ejecución de 0,0%, la más baja del gabinete en el primer trimestre de 2024.
Ante ello la vicepresidenta, Francia Márquez, defendió su gestión argumentando que “la ley se firmó el 4 de enero de 2023″ y, un año y tres meses después, han surgido muchos trámites para poder operar”.
El pasado 9 de marzo, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó a la demanda por impacto fiscal, instaurada por los congresistas Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, quienes presentaron el recurso para que la alta Corte revisara la constitucionalidad de la ley que estableció y reglamentó el funcionamiento de esa nueva entidad.
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Este 8 de mayo, la Corte respondió el recurso, declarando inexequible la Ley 2281 de 2023 argumentando vicio de trámite en el Congreso. La decisión que deja sin piso al Ministerio de Igualdad cursará después de la legislatura 2025-2026. Entre las razones expuestas en el comunicado, la Corte tuvo en cuenta que durante su aprobación no se ejecutaron todas las etapas en el Congreso, entre ellas el impacto fiscal que traería para el Estado.
Ante ello, la vicepresidenta, Francia Márquez, dijo que respetan la decisión, pero no la comparten y envió un mensaje a la comunidad, en el sentido de que continuarán trabajando por la transformación del país.
“No es posible que desaparezca una Institución que va a trabajar por la gente más vulnerable de este país”, dijo Márquez en plaza pública de Manizales.
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Sobre la vigencia del fallo hasta 2026, la senadora Paloma Valencia, señaló que querían que el ministerio dejara de funcionar de manera inmediata, pero que respetan los tiempos para evitar caos administrativo.
“La normativa la deja vigente por dos años más, para que se discuta nuevamente en el Congreso, pero subsanando estos vicios para gestionar la norma”, dijo Liliana Hoyos, especialista en derecho constitucional, que agregó que el Ministerio podrá seguir funcionando por estos dos años con la planta de personal y presupuesto asignado.
