Se llegó a este punto luego de que, en una reunión de ministros, tras su regreso de París, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al parecer alertado al presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá.
Según el investigador Jorge González, estos contratos, que suman alrededor de $1,4 billones, parecen estar siendo asignados sin criterios técnicos, y a dedo, hechos revelados por la cadena radial La W.
González también mencionó que los contratos estarían siendo entregados a diez empresas, de las cuales dos están ubicadas en Villa Pinzón, Cundinamarca.
Además del monto de las ventas, se encontraron que varias empresas involucradas tienen en común a una ejecutiva que ya había sido mencionada en un informe solicitado por la junta directiva de Ecopetrol a la empresa Control Risks. Ese informe trataba sobre las actividades privadas del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y posibles conflictos de interés.
Según la investigación, entre las compañías involucradas se encuentran Generarco, dirigida por Mauricio Sanguino Kuri, socio de Danilo Romero, quien es cercano a Gustavo Petro. Otra empresa destacada es Energéticos, propiedad de Marisol Segura Díaz, quien también es dueña de una vivienda donde funciona la empresa de Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa.
Además, figura Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP), cuyo equipo gestor está compuesto por personas vinculadas a Nicolás Petro y Day Vásquez.
Esta semana volvió a tocarse el tema de la empresaria cercana a la pareja del presidente de Ecopetrol y los contratos en Urrá, que están bajo investigación, según un informe de El Tiempo.
Es decir, la empresaria Marisol Segura y Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, están en el centro de la investigación. ¿Por qué?
La empresa Energético ESP (ENE) está involucrada en esta investigación, es propiedad de Marisol Segura y su hijo, José Alejandro Jiménez. La W puntualizó que Segura es dueña de la casa en Estados Unidos donde operaba WindSun Energy LLC, empresa de Julián Caicedo, novio de Ricardo Roa; y Tatiana Vargas, hija de Santiago Vargas, el mayor financiador de Colombia Humana.
Es decir, es una empresa creada en noviembre de 2023, en la que Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa Barragán, es uno de los socios. También está involucrada Tatiana Vargas Gómez, cuyo padre, Santiago Vargas Ramos, ha sido donante de la Colombia Humana.
También se conoció que Santiago Vargas ha tenido negocios en sectores como plástico, zonas francas y construcción. Es dueño de Negocios Varvill y Actividades de Capital.
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Entre 2022 y 2023, donó $1.500 millones a Colombia Humana, aunque, según La Silla Vacía, su contabilidad no muestra cómo pudo haber donado esa cantidad. Al mismo tiempo que financiaba a Colombia Humana, las empresas de Vargas empezaron a expandirse hacia los negocios de energías renovables y petroleros.
“La señora Marisol Segura Díaz y su entonces esposo, Alberto Hugo Pinedo, ya habían sido indagados por un supuesto conflicto de intereses, en 2012, por aparecer simultáneamente en Energéticos S.A. E.S.P. (la ahora clienta de Urrá) y en Dicel SA.E.S.P. con sede en Palmira (Valle) y participación accionaria de la alcaldía”, reveló El Tiempo.
Hablan los ministerios
En medio de las denuncias sobre la empresa de energía Urrá S.A. E.S.P., los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía han dado a conocer información clave sobre la situación actual de la compañía.
En un comunicado aclararon que, el pasado 8 de febrero, en una junta extraordinaria, la mayoría de la Junta Directiva de Urrá decidió solicitar la salida de Rafael Amaya Del Vecchio de la Presidencia. Amaya no se quedó de brazos cruzados y presentó una acción de tutela para ser reintegrado en su cargo.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería falló a su favor, ordenando su reintegro y protegiendo sus derechos fundamentales, entre ellos la estabilidad laboral y el mínimo vital. Sin embargo, este fallo fue impugnado por la empresa.
La novela no terminó ahí. El 29 de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Montería revocó la decisión inicial, negando la tutela de Amaya y permitiendo a la Junta Directiva de Urrá ratificar la terminación de su contrato en una sesión ordinaria el pasado 29 de mayo.
En la misiva, los dos ministerios reconocieron que hubo irregularidades dentro de la empresa de energía eléctrica.
“Según los estatutos de la compañía, la celebración de los contratos de energía no requiere aprobación de la Junta Directiva..., se tuvo conocimiento de presuntas irregularidades. Lo anterior al solicitar información respectiva a los precios a los que Urrá S.A. E.S.P. ha venido comercializando la energía, las empresas con las que se ha contratado, los mecanismos utilizados y las modalidades de contratación, así como los tiempos de duración de dichos contratos”, detallaron MinMinas y MinHacienda.
Incluso, Secretaría de Transparencia pidió explicaciones a Urrá por presuntas irregularidades en la contratación
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Para aclarar cualquier duda y asegurar la transparencia, los ministerios han pedido a Urrá que active una auditoría específica y contrate una auditoría forense. Además, el pasado 31 de julio, las carteras mencionadas solicitaron a los representantes ministeriales en la Junta Directiva exigir al gerente encargado, Eduardo Díaz, suspender cualquier contrato de venta de energía mientras se investiga.
