Este 11 de julio cumple 30 años de expedición la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.
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Empresas distribuidoras de energía por su parte destacan las bondades de la normativa.
Este 11 de julio cumple 30 años de expedición la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.
Junto con seis artículos de la Constitución Política de 1991, la norma integró el modelo vigente, con el que se puso fin a 60 años de prestación pública, permitiendo la participación de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, a quienes se les garantiza tasas de ganancia mínimas a través de la determinación de tarifas rentables, como estímulo a su presencia y permanencia en el país.
Para Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, esas tarifas rentables actúan como las principales impulsoras del aumento de la inflación y causan empobrecimiento y empeoramiento de la calidad de vida de la población, como está certificado por las cifras del IPC, publicadas por el Dane el pasado lunes.
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Ante una variación anual de la inflación del 7,9% en el suministro de agua, del 19,10% en electricidad y del 5,18% en la recolección de basuras, Gaviria recuerda que los datos son peores en la región Caribe, donde se observa un creciente desempleo, informalidad, inseguridad alimentaria y pobreza.
“Los usuarios de Colombia no tenemos ningún motivo para celebrar el cumpleaños de una ley, causa de nuestra crisis. Por el contrario, debemos alentar la reclamación justa por la rebaja significativa de las tarifas, derogatoria del régimen tarifario especial de la costa Caribe y por la definición de tarifas pagables”, añadió el dirigente.
En ese contexto, la Liga Nacional de Usuarios está dictando una serie de foros regionales en lo que hace el balance de lo que llaman “30 años de privatización y altas tarifas”.
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En Medellín, se realizará el Foro Metropolitano, en el Municipio de Envigado, el viernes 19 de julio, en el auditorio de la empresa Enviaseo.
En contraste, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), resaltó que el 11 de julio de 1994 nacieron dos leyes de gran trascendencia: la 142 y 143, las cuales sentaron “sólidas bases para que el sector de servicios públicos y, en particular, el de energía eléctrica, pudieran cumplir cabalmente con su labor esencial: brindar diversos servicios de forma continua y de mayor calidad a los colombianos”.
El gremio mencionó que con esas normas el país cerró el triste capítulo del apagón que, por casi un año, tuvo a los colombianos a media marcha. “Este marco legal sentó un antes y un después en la prestación de servicios públicos como, por ejemplo, el de energía eléctrica”.
Para Asocodis gracias a estas leyes las coberturas hoy, 30 años después, son casi plenas en los servicios públicos esenciales. “El esquema abrió el ingreso a empresas privadas, públicas y mixtas que han realizado millonarias inversiones para darle un mayor alcance en cobertura, modernidad y calidad a los servicios suministrados a los colombianos, entre otros”.
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica también insistió en que con los cambios introducidos hace 30 años el Estado trabajó de la mano de empresas privadas, públicas y mixtas al tiempo que asumió su rol como regulador, planeador y supervisor a través de una nueva institucionalidad sólida y técnica. Es así como, por ejemplo, nacieron la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Upme y empresas como XM.
“¿Hoy muchos se preguntan que por qué el país no se volvió a apagar, a diferencia de otros? Pues, en buena parte, la respuesta se explica en el esquema que nos rige. Y claro que tenemos que avanzar y asumir nuevos retos pero mejorando lo actual con respeto por la institucionalidad y sin perder de vista el rol del usuario y la continuidad de sus servicios hoy y, sobre todo, mañana”, anotó Asocodis.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), también exaltó el 30 aniversario de la promulgación de la Ley 142 de Servicios Públicos, como consecuencia de los postulados de la Constitución de 1991.
Para Andesco, son grandes los avances que ha tenido el país en esta materia producto de las mejoras que resultaron después de esta ley que permitió la entrada de operadores mixtos, privados y públicos al sector en igualdad de condiciones, y promovió la prestación de calidad a costos eficientes con suficiencia financiera de las empresas, lo que dinamizó el sector. Además, estableció el esquema de subsidios en servicios públicos como una de las acciones para recorrer el camino hacia el cierre de brechas sociales de prestación.
Según este gremio, el sector de servicios públicos contribuye a la economía con una participación del 7% en el PIB nacional, un aproximado de 690.000 empleos con una tasa de formalidad del 76%, superior al 44% nacional.
En el 2023, el sector de servicios públicos fue el quinto en atracción de inversión extranjera con US$2.339 millones y, en esta materia, ha tenido una participación promedio del 15% en los últimos 30 años. Pero, la inversiones se han visto amenazadas por la falta de seguridad jurídica y financiera que se evidencia en el país debido a los continuos anuncios del Gobierno.