La polémica por la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) continúa escalando.
EL COLOMBIANO conoció que este miércoles 18 de diciembre, a primera hora, el accionista minoritario y abogado Julio César Yepes Restrepo amplió la demanda de nulidad electoral contra el nombramiento de Carrillo, radicando una solicitud adicional ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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La demanda ahora pide al alto tribunal que requiera a los directivos de ISA revelar tres aspectos clave relacionados con la designación del nuevo presidente.
Según la nueva información, el Consejo de Estado no solo deberá decidir en enero si admite la demanda, sino también si suspende a Carrillo mientras se emite un fallo definitivo.
El núcleo del conflicto radica en el Acta N.º 918 de la Junta Directiva de ISA, que revela que la elección de Carrillo fue aprobada con una votación dividida de 5 a favor y 4 en contra.
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Sin embargo, el nombramiento quedó condicionado al cumplimiento de tres requisitos específicos. Según Yepes, uno de los puntos críticos es un proceso administrativo fiscal que enfrenta Carrillo, relacionado con presuntas irregularidades en reportes financieros cuando dirigía Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Este aspecto fue detallado por el mismo Carrillo en el formulario que debía diligenciar como parte del proceso de selección.
Las nuevas claves
En el documento radicado, Yepes solicita que la magistrada Gloria María Gómez Montoya ordene al presidente de la Junta Directiva de ISA detallar el trámite de verificación de los tres requisitos estipulados en el Acta N.º 918. Dichos requisitos son:
1. La fijación de la asignación salarial del presidente.
2. El diligenciamiento y análisis del formulario de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.
3. La aceptación de la oferta laboral, conforme a lo aprobado por la Junta Directiva.
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El demandante sostiene que estos pasos no se cumplieron de forma adecuada, dejando dudas sobre la legalidad del nombramiento.
Esto se agrava con declaraciones como la del directivo Carlos Raúl Yepes, quien bajo juramento afirmó haber advertido a Carrillo que no era digno de ocupar el cargo. Además, acusó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, de influir en el proceso de selección para incluir a Carrillo entre los candidatos.
Otro aspecto controvertido es la advertencia de la multinacional Kroll, que señaló posibles riesgos para ISA si Carrillo asumía el cargo. Según Yepes Restrepo, estas advertencias fueron ignoradas en la decisión final.
Inconsistencias en el proceso de elección de Carrillo
El formulario de inhabilidades e incompatibilidades, diligenciado por Carrillo como parte del proceso de selección, también genera cuestionamientos. Carrillo declaró estar vinculado a un proceso administrativo fiscal en la Contraloría General de la República, lo que según el demandante debería ser revisado en el marco del proceso de nulidad electoral.
A pesar de estas irregularidades, la elección fue aprobada por la Junta Directiva de ISA en una votación dividida (5 votos a favor y 4 en contra).
Sin embargo, la Secretaría de la Junta dejó claro que el nombramiento estaba condicionado al cumplimiento de los requisitos mencionados, los cuales, según Yepes, no se verificaron en su totalidad. Un ejemplo de esto es que, hasta el momento, Carrillo no aparece registrado en la Cámara de Comercio, lo que genera dudas sobre la oficialización del cargo.
Adicionalmente, Yepes presentó ante el Consejo de Estado una solicitud para que se aclare cómo se llevó a cabo la verificación de dichos requisitos.
En su solicitud, argumenta que la Junta Directiva de ISA, junto con sus vicepresidencias Jurídica y de Talento Humano, debía garantizar que el proceso cumpliera con todas las condiciones antes de oficializar el nombramiento.
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Mientras tanto, ISA guarda silencio sobre las implicaciones de esta controversia. Según fuentes internas, la Vicepresidencia Jurídica sugirió que, al tratarse de una elección condicionada, no era necesario reportarla inmediatamente al mercado financiero.
Esto, sin embargo, contrasta con las exigencias de transparencia que se esperan en una compañía de la magnitud de ISA, que cotiza en la bolsa.
