El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, encendió las alarmas sobre la difícil situación financiera que enfrentan contratistas y consultoras de obra pública debido a cuentas por pagar del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Según Caicedo, la deuda acumulada supera los $1 billón, distribuidos en más de 5.700 actas, afectando directamente a 57 proyectos de importancia estratégica nacional.
Siga leyendo: Antioquia reinició obras del tramo del Túnel del Toyo que cedió el gobierno Petro
Entre las obras perjudicadas están la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa, y las vías Popayán-Isnos, Curos-Málaga y Arauca-Casanare, por mencionar algunas.
Estas iniciativas, fundamentales para la conectividad de regiones vulnerables, generan actualmente más de 336.000 empleos directos e indirectos y suman inversiones cercanas a los $13 billones, aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
“Son proyectos neurálgicos que impulsan el desarrollo regional y están alineados con programas bandera como ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’ y ‘Colombia Avanza’. No podemos permitir que la falta de pagos detenga estas obras”, expresó Caicedo.
El problema radica en la baja ejecución presupuestal del Invías, que, al 30 de noviembre del año pasado, apenas había comprometido el 38,7% del presupuesto asignado, cifra que Caicedo calificó como histórica, pero no en el buen sentido.
A esto se suma la acumulación de vigencias expiradas por $100.000 millones, que, según la CCI, agravan aún más la situación financiera de los contratistas.
¿Una parálisis en 2025?
La propuesta del Ministerio de Hacienda de realizar pagos mensuales para amortizar la deuda hasta finales de 2024 podría tener consecuencias graves. Según Caicedo, “esto paralizaría las obras públicas en el primer semestre de 2025, ya que no habría recursos inmediatos para cubrir los trabajos en ejecución”.
La situación no solo afecta a las grandes constructoras, sino también a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales podrían enfrentarse a la quiebra si no se encuentra una solución pronta. Esto, además, generaría impactos negativos en la productividad y el crecimiento económico del país.
Además: ¿Cómo van los diálogos entre camioneros y MinTransporte, tras el paro? Esto reveló la ministra García
“Asimismo, resulta perentorio resolver la problemática evidenciada en 1.100 cuentas, por cerca de $100.000 millones, y cuyos recursos estaban contabilizados en la reserva presupuestal de la vigencia 2023”, detalló el dirigente gremial.
Lo anterior, teniendo en cuenta que estos no fueron obligados en diciembre de 2024, “en la vigencia fiscal 2025 pasaron a ser “vigencias expiradas”, situación que agrava, en grado sumo, el flujo de caja de los contratistas y consultores de obra pública”, indicó Caicedo.
Desde la CCI se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar un plan de choque que permita el pago inmediato de las deudas con corte a 31 de diciembre de 2024 y garantice un flujo de caja para la continuidad de las obras.
“Resolver esta problemática no es solo una cuestión de infraestructura, es una apuesta por la estabilidad económica, el empleo y el bienestar de miles de colombianos”, concluyó Caicedo.
Conozca también: Invías tiene cuentas por pagar a firmas de consultoría e interventoría, ¿cuánto debe?
