La propuesta de adoptar inversiones forzosas para el sistema financiero en Colombia había sido mencionada por encima hace algunos meses, pero no fue hasta los últimos días que provocó una tormenta entre el Gobierno con algunos congresistas y gremios, e incluso podría complicar el camino del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 en el Legislativo.
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“Quiero que se aprueben unas inversiones forzosas en el Congreso de Colombia, para la industria exportadora, para el mejoramiento de vivienda y la vivienda nueva y para la economía popular; ya existen para la agricultura”, mencionó recientemente el presidente Gustavo Petro.
Esta iniciativa haría parte del paquete de medidas que el Ejecutivo presentará para reactivar la estancada economía colombiana, pero ha provocado el temor de gremios como Fenalco, y de líderes políticos como el expresidente Iván Duque. Mientras Fenalco cree que el actual Gobierno es un mal administrador y le inquieta lo que pasaría con la plata, el exmandatario teme incluso una suerte de expropiación del ahorro de los colombianos.
Esto, teniendo en cuenta que el dinero de las inversiones forzosas provendría de los depósitos de los colombianos en los bancos comerciales, y se dirigiría a la reactivación del turismo o la industria, aunque todavía se desconocen detalles claves como términos, tasas y plazos.
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Tensión en el Congreso
Los primeros cortos circuitos ya se están presentando. El representante del Partido Liberal, Julián Peinado, renunció a ser ponente del PGN 2025, según él, porque no puede respaldar un proyecto que prioriza el gasto administrativo en detrimento de la inversión social, que es esencial para la reactivación económica y el desarrollo equitativo y sostenible de las regiones.
No obstante, es de aclarar que para algunos este paso al costado era esperado por la polémica que despertó Peinado al ser salpicado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En todo caso, el representante insistió en que sus razones son diferentes. “No me voy a prestar para aprobarle las inversiones forzosas al presidente Petro”.
Agregó que, al no estar de acuerdo, prácticamente debatirá para expresar su oposición en las plenarias de la Cámara: “Yo creo que debe haber inversión pública y en infraestructura y no estaría bien que, en mi condición crítica, se apruebe un Presupuesto que no va acorde con la convicción de lo que creo que es necesario para el país, que es generar una reactivación económica”.
A las voces en contra se unió el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. “No contentos con confiscar los ahorros de una generación con la reforma pensional o proponer otra tributaria para asfixiarnos con más impuestos, el presidente Gustavo Petro propone tomar ‘prestado’ el dinero que los colombianos tienen en sus cuentas bancarias para financiar sus inversiones forzadas. ¡Quieren dejar a la gente sin un peso en los bolsillos!”.
El hecho deja al descubierto las tensas relaciones entre el Gobierno y el Legislativo, en medio de un período crítico porque se aproxima el segundo debate de la reforma laboral, la radicación de la reforma tributaria y el debate del Presupuesto de $523 billones que propone el Ejecutivo, cuyo monto debe ser aprobado a más tardar el 15 de septiembre.
Gobierno explica la medida
Tras la tormenta desatada, ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, llamó a la calma a quienes están alarmados por las inversiones forzosas; recordó que es un modelo que lleva más de dos décadas funcionando en Colombia e incluso le lanzó alguna pulla al expresidente Duque.
Bonilla confirmó que se trata de una discusión que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa y que la base de estas inversiones sería movilizar una parte de los recursos provenientes de los depósitos de los colombianos.
No obstante, aclaró que esta figura existe hace más de 20 años. “El país tiene inversiones forzosas hace rato, son las inversiones forzosas en el sector agropecuario, se llaman TDA. Con estas, actualmente hay un fondo de $25 billones; Finagro administra $17 de esos $25 billones, y con ellos está dando crédito a pequeños y medianos productores del agro, está esencialmente concentrado en producción y algo de transformación”.
Añadió que hay $8 billones de ese fondo que están administrados, en la práctica, por los bancos comerciales, en lo que se llaman inversiones sustitutivas, “pero hemos encontrado que están concentradas en grandes productores, y no en están democratizadas hacia los pequeños, que es donde interesa desarrollar la actividad”.
Así, continuó, “la agricultura colombiana es de minifundio, no es de latifundio, el latifundio colombiano es ganadería (...) la propuesta de discusión es cómo hacemos para democratizar ese segmento que hoy se llaman inversiones sustitutivas”.
En ese sentido, el Gobierno está abanderando la polémica propuesta de inversiones forzosas, sobre la que Bonilla fue insistente en que no es una expropiación de los ahorros de los colombianos.
“Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, no es ninguna expropiación, no es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos”, señaló.
En todo caso, el ministro manifestó que la propuesta del presidente Gustavo Petro es examinar si se pueden extender las inversiones forzosas en Colombia a otros sectores como el turismo, a la industrialización y a las energías renovables.
“Estamos identificando que sí hay necesidad en este momento de poner recursos adicionales para reactivar la economía, que esos recursos adicionales salen del sector financiero, de la banca comercial, y que tenemos que identificar cuáles serían las condiciones”.
Según el funcionario, “hoy la banca comercial está hablando de poner recursos adicionales por $35 billones“.
Preocupa la administración
A la espera de conocer en detalle el proyecto, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) expresó su rechazo. En un comunicado aseguró que “no hay una sola razón para creer que el Gobierno, que ha demostrado su ineficiencia para administrar recursos, pueda asumir la responsabilidad de decidir cómo se invierte el dinero del ahorro de los colombianos”.
Considera que la reactivación debe darse mediante estímulos e incentivos y no con decretos y leyes forzosas.
En ese sentido, el gremio adelantó algunos resultados de una encuesta que presentará el próximo mes, en el marco de su Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios.
Allí, asegura, “el 80% de los empresarios respondió negativamente a esta iniciativa porque pone en riesgo el ahorro de los colombianos al pasar a manos de un mal administrador que es el Estado”.
“Nos preocupa sobremanera que esta mala idea del Presidente, que ya se implementó en otros países como Argentina y Venezuela con pésimos resultados, siga su curso y que encuentre el apoyo del Congreso, tal como ocurrió con la reforma pensional”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
A su juicio, “lo que en la práctica sucedería es que se estaría obligando a las empresas y a las personas a invertir parte de su dinero en proyectos que le gusten al Gobierno, así no sean suficientemente rentables, social y económicamente”.
Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó de “preocupante” utilizar los ahorros de la economía, de las familias o empresas para hacer las inversiones forzosas.
“Esto se ha usado en otros países, y casi siempre termina habiendo una inmensa pérdida de recursos de parte de los bancos públicos que terminan otorgando estos créditos, y por lo tanto termina afectando al ahorro privado”, evocó.
Para el líder gremial, hay otras soluciones si el Gobierno quiere darle crédito a personas que no son elegibles: “hoy tiene el Fondo Nacional de Garantías, que es una herramienta diseñada para eso y la utilizamos en el pasado. En la pandemia jugó un papel importante”.
Por su lado, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, reiteró su opinión sobre las inversiones forzosas, que había hecho pública hace un par de meses, y en la que las califica de “inadecuadas”.
A su juicio, es un esquema del pasado, que solo se ha mantenido para el sector agropecuario. Para él, lo que se necesita son acciones coordinadas del Grupo Bicentenario, que reúne a las entidades financieras del sector público. Eso sí, insistió en que estas inversiones no son ninguna expropiación, porque a las personas no se les quitará su dinero.
Baches en el Presupuesto
Mientras se observa cómo termina esta polémica y su incidencia en las relaciones del Gobierno con el Congreso y el sector privado, ayer se presentó un nuevo análisis que acrecienta las dudas sobre las finanzas del país en 2025, específicamente por un hueco de $31,1 billones que habría en el Presupuesto.
Lo advirtió el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Sus cuentas parten de que, como mencionó el Ejecutivo, hay $12 billones que dependen de una reforma tributaria. De entrada este monto es incierto, a sabiendas de que el proyecto tendrá que pasar primero por el Congreso, donde dependiendo de las modificaciones podría salir con un recaudo potencial menor, o inclusive caerse.
Pero no solo eso. Para el Observatorio, tampoco hay certidumbre sobre $14,6 billones más que vendrían por el recaudo por gestión tributaria de la Dian y lucha contra la evasión y $4,5 billones adicionales de recursos de capital resultantes de las utilidades de Ecopetrol y el resto de empresas industriales y comerciales del Estado.
