En el país, de cada 10 trabajadores, 5,6 son informales. Así lo dejó ver el Dane en su reporte sobre los colombianos que laboraron en esta condición durante 2023, en el cual advirtió que hubo una leve mejora frente a los datos del 2022.
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Así las cosas, la tasa de informalidad laboral terminó el año pasado en 56,4% y bajó 1,6 puntos porcentuales con relación al 58% visto en 2022.
Al discriminar el indicador, el mercado laboral en las principales ciudades de Colombia percibió una informalidad del 41,7%, mientras en las zonas rurales esa incidencia continúo en un nivel muy alto, de 84%.
Visto por ciudades, Bogotá, Manizales y Medellín tuvieron la menor proporción de trabajadores en este tipo de labores, marcando tasas de 32,8%, 32,9% y 38,7%. Por su parte, Sincelejo, Valledupar y Riohacha fueron las más afectadas.
Cabe destacar que en el caso de las mujeres, la incidencia de estos trabajos bajó levemente (0,9 pps) a 53,5%; y para los hombres también disminuyó (2,8 pps) a 58%.
En sus metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, el Gobierno Petro planteó “una generación total de 1,7 millones de empleos, en su mayoría formales, en el periodo 2023-2026, una reducción de la informalidad y de la pobreza en el 2026”.
Es de recordar que para el Dane, la población informal comprende a todos los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones de salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los contrató.
“De igual forma, comprende a los trabajadores por cuenta propia y patrones o empleadores que hayan quedado clasificados en el sector informal, todos los trabajadores familiares sin remuneración y demás personas sobre las que no se dispone de suficiente información sobre su situación en la ocupación”, precisa la entidad.
Las necesidades
De acuerdo con un estudio de los investigadores de Fedesarrollo, Cristina Fernández y Héctor Daniel Segura, la informalidad en Colombia sigue en niveles altos y, por tanto, es relevante que en la política pública se analice “la eliminación de algunas contribuciones que operan como impuestos, como los aportes a las cajas de compensación por parte de los trabajadores rurales, y también se hace necesario buscar alguna solución a los aportes pensionales por parte de los trabajadores migrantes”.
En su concepto, es igualmente importante evaluar aquellas políticas que le dan mayor flexibilidad al trabajo asalariado, y protección al trabajo independiente.
Según cálculos recopilados por los investigadores, los costos de contratar un trabajador formal en Colombia son del 50% –descontando impuestos– para las empresas, razón que lleva a que las firmas de menor tamaño, principalmente, se decanten por “contratar informalmente a casi todos sus trabajadores”.
Uno de los apuntes más llamativos tiene que ver con que la pandemia aceleró los procesos de automatización, lo que “ha hecho más urgentes los ajustes de la oferta educativa a la demanda de empleo”, por lo que urgen la necesidad de relacionar el enfoque de los profesionales colombianos con las necesidades de talento de las organizaciones.
El empleo en jóvenes
A propósito de los jóvenes, el año pasado la tasa de desempleo de esta población (15 a 28 años) se ubicó en 17,2%, registrando una disminución de 1,5 pps frente al 2022, cuando había sido 18,7%, afirmó el Dane.
Sobre los denominados “Ninis”, se encontró a 2,65 millones que terminaron el año sin estudiar ni trabajar, de los cuales 1,76 millones fueron mujeres, y 888.000, hombres.
Adicional, se reportaron 5,16 millones de jóvenes ocupados, y de ellos la gran mayoría (2,97 millones) trabaja como obrero o empleado particular; o como cuenta propia (1,68 millones).
Recientemente, un informe del centro de pensamiento Anif describió cómo durante la última década ha habido una disminución de ingresos del 2,9%, en promedio, para los jóvenes colombianos (entre 21 a 25 años), mientras que para los mayores de 65 años se han disparado 46%.
Significa que la fuerza laboral emergente gana menos que hace 10 años, lo que para Anif es un llamado, entre otras cosas, a “cerrar las brechas en el sistema educativo colombiano en los primeros niveles, tanto en términos urbano-rurales como público-privados, pues son determinantes en la formación laboral”.