América Latina y el Caribe enfrentan altos niveles de deuda pública, con una relación entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB) que escaló al 62,8% en 2024, frente al 59,1% en 2019. Es decir, hay una capacidad limitada de los gobiernos para realizar inversiones públicas necesarias y mejorar el gasto social.
A pesar de que América Latina y el Caribe tiene algunas de las tasas impositivas más altas sobre las empresas a nivel mundial, con un promedio de 24,7%, solo el 2,7% de sus ingresos fiscales proviene de los impuestos a la riqueza, muy por debajo del 12,8% en América del Norte y el 4,3% en Europa.
Estas son algunas de las grandes conclusiones del informe del Banco Mundial, titulado “Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento”, que resalta la necesidad de implementar reformas fiscales para abordar la desigualdad y la falta de espacio fiscal en América Latina, en particular en Colombia.
Uno de los principales enfoques del informe es la implementación de impuestos a la riqueza como una herramienta crucial para aumentar la equidad y el crecimiento económico.
Este desequilibrio, señala el informe, no solo refleja una ineficiencia en la recaudación tributaria, sino también una oportunidad para reestructurar los sistemas fiscales en Colombia y la región.
La paradoja de los impuestos a la propiedad
Una de las grandes paradojas del sistema tributario es que, aunque el 80% de la riqueza en la región se concentra en bienes raíces, los ingresos fiscales obtenidos a través de impuestos a la propiedad apenas representan el 2% del total recaudado. Esto contrasta con el 12,8% en América del Norte, donde solo el 47% de la riqueza está en bienes raíces.
Colombia no es ajena a esta paradoja. A pesar de contar con una gran concentración de riqueza en bienes inmuebles, la recaudación de impuestos a la propiedad es baja debido a sistemas de valuación desactualizados.
En algunas zonas, las propiedades están tasadas hasta en un 10% de su valor real, lo que genera una recaudación insuficiente y regresiva, que beneficia a los más ricos y sobrecarga a los ciudadanos de ingresos más bajos.
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro propuso un impuesto a la riqueza anual sobre los ahorros y propiedades por encima de 460 mil dólares, unos $1.932 millones. Y en la región, el impuesto a la riqueza fue introducido por primera vez en Colombia en 1935, derogándose en 1992 y luego siendo reintroducido en 2002 para financiar la seguridad democrática del gobierno Uribe.
La más reciente reforma tributaria, que radicó ayer el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, incluye importantes modificaciones al impuesto al patrimonio, con el fin de aumentar su efectividad y asegurar que las personas con mayores recursos contribuyan más al sistema.
En 2023, este impuesto fue pagado por 32.118 contribuyentes, lo que representa solo el 0,5% de quienes declaran renta. Sin embargo, con el proyecto radicado ante el Congreso, se busca ampliar la base de contribuyentes, reduciendo el umbral del impuesto de 72.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) a 40.000 UVT.
Esto significa que, en lugar de aplicarse sobre patrimonios de $3.388 millones o más, el impuesto se aplicaría a aquellos con activos superiores a $1.882 millones. Con esta modificación, se estima que el número de contribuyentes afectados aumente a 75.341, lo que equivaldría al 1,3% del total de los declarantes de renta.
Por otra parte, la recaudación de impuestos a la riqueza en la América Latina y el Caribe es muy baja, representa apenas el 0,5% del PIB o 2,7% de la recaudación tributaria total, pero sí se observen algunos países, como Colombia, con una variación elevada de la recaudación del impuesto a la riqueza, que excede el 5% de la recaudación total.
El informe sugiere que una solución efectiva sería modernizar los sistemas de valuación de propiedades. De hecho, estudios previos muestran que los impuestos a la propiedad adecuadamente administrados podrían contribuir hasta un 3% del PIB en Colombia, ayudando a financiar el desarrollo y cerrando brechas fiscales significativas, teniendo en cuenta que, en Colombia, adquirir una propiedad puede ser una forma de elevar el estatus social.
Además, en América Latina, el impuesto a la riqueza varía bastante según el país y el tipo de propiedad que se grava. En países como Argentina, Colombia y Perú, el impuesto se aplica más al valor de las construcciones. También hay diferencias grandes en las tasas, exenciones y deducciones. Por ejemplo, algunos países, como Chile y Colombia, ofrecen exenciones a las viviendas de personas de bajos ingresos.
En definitiva, las propiedades o tener bienes inmuebles son por lejos el principal tipo de patrimonio en Colombia, como documentan los datos de la OCDE, sumando el 85,7% en la riqueza total.
Potencial de los impuestos a la riqueza en Colombia
Colombia tiene una oportunidad única para modernizar su sistema fiscal y alinearse con las mejores prácticas globales al implementar impuestos a la riqueza más eficientes. Actualmente, América Latina recauda un porcentaje mínimo a través de estos tributos, lo que pone en desventaja a países como Colombia, donde la desigualdad sigue siendo un problema persistente.
Según el Banco Mundial, los impuestos a la propiedad en Colombia podrían contribuir no solo a mejorar la recaudación, sino también a promover un uso más productivo de la tierra. Esto no solo aumentaría los ingresos fiscales, sino que también podría incentivar el desarrollo urbano, fomentar la inversión en infraestructura y reducir la especulación inmobiliaria.
El informe destaca que la reforma de los impuestos a la propiedad no debe verse solo como una medida recaudatoria, sino como una herramienta para promover la equidad. De hecho, los gobiernos regionales y locales podrían beneficiarse significativamente de estos impuestos si se mejoran las capacidades de recaudación y la gestión catastral.
El informe también analiza la posibilidad de imponer impuestos a los superricos como una solución para los problemas fiscales de la región. Si bien estos impuestos han sido debatidos ampliamente, los expertos del Banco Mundial advierten que su impacto en Colombia podría ser limitado.
A pesar de que este tipo de tributo podría generar ingresos adicionales, la región alberga relativamente pocos millonarios en comparación con otras partes del mundo, lo que significa que el efecto recaudatorio sería mínimo.
Además, los superricos tienen una alta movilidad, lo que les permite trasladarse a jurisdicciones fiscales más amigables, evitando así una parte significativa de estos impuestos. Según cálculos preliminares del informe, los ingresos potenciales de un impuesto a los superricos representarían solo el 0,1% del PIB en América Latina.
Por ejemplo, la propuesta de reforma tributaria en Colombia introduce un nuevo umbral para el 0,1% más rico de la población. Aquellos con patrimonios superiores a 240.000 UVT (aproximadamente $11.200 millones) tendrían que pagar una tarifa del 2%. Esto está dirigido a asegurar que los contribuyentes más adinerados aporten una proporción mayor de su riqueza al recaudo fiscal que hace el Estado.
Bajo este panorama, la recomendación del Banco Mundial es que Colombia tiene un gran potencial para mejorar su recaudación fiscal y reducir la desigualdad a través de reformas en los impuestos a la propiedad y la riqueza.
Aunque el país enfrenta desafíos significativos en la gestión de su deuda y el crecimiento económico, modernizar su sistema tributario puede ser una vía eficaz para generar los recursos necesarios para el desarrollo, sin poner una carga adicional sobre los sectores productivos, detalla el informe.
La clave, como señala el Banco Mundial, está en diseñar políticas fiscales progresivas y bien administradas que aprovechen al máximo los recursos de los que ya dispone el país, mejorando la equidad y fomentando el crecimiento económico a largo plazo.
Recomendaciones para Colombia
El informe del Banco Mundial recomienda que Colombia enfoque sus esfuerzos en modernizar su sistema de impuestos a la propiedad o patrimonio. Las reformas deberían incluir:
1. Actualización de catastros: Modernizar los catastros y usar tecnologías digitales para mejorar la valuación de las propiedades.
2. Fortalecer las capacidades administrativas: Aumentar las capacidades de los gobiernos locales para gestionar estos impuestos de manera eficiente.
3. Incentivar el uso productivo de la tierra: Gravar de manera diferenciada las propiedades subutilizadas, para incentivar un uso más productivo y sostenible del suelo.
4. Equidad en la recaudación: Diseñar impuestos a la propiedad de manera progresiva, evitando que sobrecarguen a los ciudadanos de ingresos bajos y medios.
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