La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), seccional Antioquia, también se pronunció con preocupación frente al proyecto de ordenanza 59, que busca implementar una sobretasa de seguridad, presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón, que se cobraría en la factura de energía eléctrica en el departamento.
Según el gremio, este nuevo tributo tendría un impacto negativo en las empresas, la competitividad regional y el empleo en un contexto económico ya golpeado.
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“En un momento de alta incertidumbre económica y bajo crecimiento, este tipo de medidas solo empeoran la situación”, señaló el gremio de las industrias. Y no es para menos: en 2023, la economía colombiana apenas creció un 0,6%, y las proyecciones para 2024 no son más alentadoras.
En Antioquia, sectores clave como la industria manufacturera, los servicios y la construcción han registrado cifras en rojo, reflejando la complejidad del panorama.
Colombia ya cuenta con una de las estructuras tributarias más altas de la región, con una carga fiscal del 71,2% para las empresas, según la Andi. La inclusión de un impuesto que establece una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana elevaría aún más los costos de producción, afectando directamente a sectores estratégicos.
“El costo de la energía representa, en promedio, el 20% de los costos totales de producción, y este nuevo tributo podría incrementar la tarifa industrial en un 9,8%”, advirtió la entidad.
Además, el impacto no sería uniforme: industrias altamente dependientes de la energía, donde esta representa hasta el 66% de sus costos, podrían enfrentar cierres o recortes en su producción, poniendo en riesgo empleos y la diversidad económica del departamento.
La Andi también alerta, en su comunicado, sobre los efectos inflacionarios que podría desencadenar esta medida, así como la disminución de la capacidad de las empresas para invertir y generar nuevos puestos de trabajo. “Lo que necesitamos son decisiones que impulsen la competitividad y atraigan inversiones, no que las ahuyenten”, subrayó el gremio.
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Por ello, el gremio empresarial hizo un llamado a los diputados de la Asamblea departamental para abrir espacios de diálogo y explorar alternativas que no impongan cargas adicionales a las empresas. “Es fundamental garantizar la seguridad del territorio sin sacrificar la sostenibilidad del tejido empresarial de Antioquia”, concluyó la Andi.
La bancada Creemos, la segunda más grande de la Asamblea de Antioquia, ya manifestó su rechazo a la medida propuesta por el gobernador y le pidió explorar distintas alternativas para financiar la seguridad del departamento.
