Argumentando que el Banco de la República perdió su independencia y que prueba de ello es que su actual junta directiva pertenece a un partido político, el Centro Democrático, el candidato presidencial Gustavo Petro planteó la necesidad de introducir algunas modificaciones para que el Emisor se ajuste a lo que establece la Constitución de 1991.
“Lo que queremos es un Banco de la República verdaderamente independiente no solo de los poderes políticos, sino de los poderes financieros para que represente a la nación en el manejo de la política monetaria”, expresó.
A juicio del dirigente político la clave estará en que en esa junta directiva haya presencia de la sociedad, como las organizaciones productivas, para que la entidad cumpla lo que ordena la Constitución: el manejo de la política monetaria y luchar contra la inflación, y garantizar la equidad social y aumentar la producción, aunque, según Petro, estas dos últimas tareas no se han cumplido.
Actualmente, la junta directiva del Banco está conformada por siete miembros con un voto cada uno: el ministro de Hacienda, cinco miembros de dedicación exclusiva y el gerente del Emisor, quien es nombrado por los anteriores.
Los miembros de dedicación exclusiva y el gerente tienen períodos fijos de cuatro años, prorrogables dos veces, con lo cual pueden permanecer hasta doce años en el cargo (ver Informe).
Aunque en teoría dos de los cinco miembros de dedicación exclusiva son reemplazados por el Presidente de la República cada cuatro años, una vez transcurrida la mitad del período presidencial, la plantilla actual, el gerente y todos los miembros de junta han sido designados por Iván Duque, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021.
Más que normas
Desde la óptica de Leopoldo Fergusson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede), de la Universidad de los Andes, la discusión no es un asunto de reglas, y en el caso del Emisor estas conducen a un esquema que busca generar independencia frente al Gobierno.
“Cualquier norma escrita debe estar acompañada de una norma social que honre su espíritu, y eso es lo que necesitamos, porque lamentablemente el presidente Duque no ha dado un buen ejemplo, y eso tiene el riesgo de convertirse en un precedente”, comentó el investigador.
Por su parte, Ramón Javier Mesa, docente de Economía de la Universidad de Antioquia, consideró que es necesario tener en cuenta que el manejo de la política monetaria es un bien público que debe traducirse en una administración adecuada al servicio de los objetivos de proteger la capacidad de compra de los salarios (combatir la inflación), impulsar el crecimiento económico y lograr la estabilidad macroeconómica para el beneficio de la sociedad.
“Lograr lo anterior, además del rigor técnico que exige el conocimiento de los temas, requiere pluralidad de pensamiento que permita enriquecer el debate de la política macroeconómica en el país”, dijo.
