Los sindicatos la acusan de no garantizar las condiciones necesarias durante la huelga que involucra a cientos de empleados.
La pelea entre el Ministerio de Trabajo y sus sindicatos no parece tener fin. Aunque se anunció el fin de la huelga, el comité de huelga sigue en pie de lucha, alegando que esta cartera ha incumplido con los acuerdos pactados.
El comité de huelga del Ministerio del Trabajo, que agrupa a 13 sindicatos, emitió un comunicado de cinco puntos pidiendo a los manifestantes que instalen carpas en las sedes territoriales de la entidad para bloquear el acceso y realizar un plantón indefinido.
Además, presentaron una denuncia penal contra la ministra Gloria Inés Ramírez, acusándola de no garantizar las condiciones necesarias durante la huelga que involucra a cientos de empleados.
Esta denuncia fue dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, buscando poner en conocimiento “la presunta conducta punible de la ministra, al intentar interrumpir la huelga legalmente declarada el 21 de mayo de 2024”.
Cabe recordar que los trabajadores, en huelga desde el 21 de mayo, esperaban un cese total de actividades, pero algunos empleados continuaron trabajando por temor a represalias.
“Solicitamos que se investigue la comisión de delitos presuntamente cometidos por la ministra y sus servidores, que han violado el derecho de asociación, libertad sindical y de huelga”, señala un nuevo comunicado del comité.
Las pruebas adjuntas en la denuncia muestran presiones para que los empleados continúen trabajando y cómo se ignoraron los derechos de huelga y las facultades sindicales.
Entre los sindicatos firmantes están Sinaltraempros, Sinprotecol, Sinaltraseguridadsocial, CNIT-SP, Unssp, Asepdec, Sintramerito, Asomintrabajo, Sinlaseguridadsocial, Unimintrabajo, Sinaltraserpvco, Asoness y Usctrab.
Según el comité, la ministra Ramírez pidió permitir la entrada de funcionarios y contratistas, lo que consideran una violación del derecho a huelga decidido por mayoría. “No respetaron que la mayoría votó por irse a huelga”, dicen en el documento.
El comité recalca que las acciones de la ministra son un ataque a su derecho de asociación y libertad sindical. La huelga fue declarada legalmente, y cualquier interferencia es una violación de sus derechos.
La denuncia subraya la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan protestar sin miedo a represalias, y que el incumplimiento de estas garantías sienta un precedente peligroso para otros empleados públicos.
El documento entregado a la fiscal general incluye detalles y testimonios que documentan la presión sobre los trabajadores. “Hay miedo entre los empleados por posibles represalias, lo que obligó a muchos a seguir trabajando pese a la huelga”, señala uno de los apartados.
La ministra Gloria Inés Ramírez aún no ha emitido declaraciones sobre la denuncia presentada. La situación genera un clima de tensión en el ministerio, afectando tanto a los funcionarios como a la administración en general.
El comité de huelga aseguró que la protesta continuará ininterrumpidamente, a pesar de que el 2 de julio se mencionó un posible acuerdo. En un comunicado del 8 de julio, informaron que “debido a la ruptura de la mesa de diálogo social por el incumplimiento de la administración, hemos optado por no levantar la huelga”.
Este bloqueo, que ya completa 39 días, supone un revés a los acuerdos alcanzados hace unos días. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, dijo que se acordó el pago de la compensación de los tiempos de servicio no laborado, y que desde el 9 de julio se reabrirían todas las sedes del ministerio en el país.
“Con el acompañamiento de la Procuraduría, logramos a través del diálogo social directo con las organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo, que estaban en cese colectivo de actividades el levantamiento del mismo. Se retomarán actividades el 9 de julio y se volverán a prestar los servicios a la ciudadanía”, declaró Jaramillo en un video.
Según un comunicado presentado por el comité de huelga, la mesa de diálogos perdió imparcialidad, y consideran que hay falta de compromiso por parte de los negociantes.
Entre las denuncias están que hay sedes con irregularidades en materia sanitaria, o hay trabajadores a los que les ha tocado poner equipos de computo para cumplir con sus labores.
“Exigimos se nos brinden las garantías, no solo por parte de nuestro empleador, sino también por parte de las demás entidades, que cesen los actos atentatorios en contra del derecho de huelga, asociación y libertad sindical, y los constreñimientos y pedimos el acompañamiento y solidaridad de las organizaciones sindicales de todos los grados (públicos y privados), así como de la ciudadanía, a la cual pedimos excusas por el traumatismo generado”, dice el comunicado del comité de huelga.
En definitiva, la ministra Ramírez es acusada de no cumplir con ciertos compromisos, lo que ha generado desconfianza entre los trabajadores y ha prolongado la huelga. El conflicto se agudizó cuando las negociaciones se rompieron, situación denunciada públicamente por los voceros sindicales.
Esta decisión complica aún más la situación laboral en el Ministerio del Trabajo, afectando la operatividad de la entidad y a miles de empleados. La convocatoria de nuevas manifestaciones y la instalación de carpas en todo el país sugieren un conflicto de larga duración sin solución a la vista.
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