El presidente Gustavo Petro respondió a la carta enviada por Brookfield, multinacional canadiense a cargo de Isagen, en la que rechaza la intención del Gobierno de intervenir el mercado eléctrico nacional, al tiempo que señala que con esa propuesta se estarían incumpliendo con tratados internacionales suscritos por Colombia.
De acuerdo con el jefe de Estado, Brookfield llegó a Colombia porque “fue traída como único proponente en la venta de Isagen”. Afirmó que “Germán Vargas Lleras y Guillermo Cárdenas supieron evitar las propuestas de la entonces Empresa de Energía de Bogotá (EEB) -ahora Grupo Energía Bogotá (GEB)- y Empresas Públicas de Medellín (EPM) para una venta leonina a Brookfield de una de las mayores riquezas de Colombia: el agua”.
Desde entonces, señaló el presidente Petro en su cuenta de X, las tarifas de energía eléctrica se dispararon movidas por la especulación en bolsa.
“Invité a las empresas generadoras beneficiarias de la especulación a adaptarse a la nueva fórmula tarifaria expedida por la Comisión de regulación de Energía y Gas (Creg). La nueva fórmula liga las tarifas a los costos de las generadoras y, por tanto, evita la especulación y reduce las tarifas”, destacó el mandatario.
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E indicó que las empresas “no han querido”. Para Petro, la especulación estalló a partir de la antigua fórmula tarifaria de la Creg: “ligaron la tarifa a los costos de las generadoras más ineficientes, repitieron la ley que descubrió David Ricardo para la tierra en el feudalismo: los precios de los alimentos se forman en las tierras más ineficientes. La especulación se desató en contra de la industria y en contra de las familias”.
Explicó, entonces, que en medio de esa coyuntura decidió poner en marcha una fórmula complementaria a la nueva fórmula: “Reducir la exposición a bolsa que es un método complementario a los contratos entre generadoras y comercializadores”.
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Y añadió que “el decreto que expedí, reduciendo la exposición en bolsa de venta de energía –que es donde se hace la especulación por parte de las grandes generadoras– efectiva y sustancialmente reduce las tarifas de energía a los usuarios de todo el país y conserva la rentabilidad de todas las generadoras, pero referidas a sus costos”.
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También recalcó que acabar la especulación en las tarifas es fundamental para el desarrollo de la economía y la salida de la pobreza. “Sé que ahora irán al Consejo de Estado, espero del Consejo de Estado la actitud comprensiva con la gente pobre de Colombia y cerrar el camino de la especulación abusiva”, dijo.
Finalmente, concluyó con que espera de los usuarios de la energía defender lo justo y movilizarse masivamente para “defender un mercado justo. Sin especulación como ordena la Constitución. No más especulación en el mercado energético. Justicia a los consumidores de la energía eléctrica”.
El proyecto de la discordia
Se trata del proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Minas y Energía: “Lineamientos de política pública para garantizar la confiabilidad y la estabilidad tarifaria del servicio de energía eléctrica”.
En este se propone limitar de 20% a 5% el máximo de energía que una compañía de generación puede vender en la bolsa mayorista.
“Si bien se considera que la participación de la energía adquirida mediante contratos de largo plazo y bolsa de energía es 80% y 20%, respectivamente, estas proporciones están lejos de ser estables y homogéneas para todos los comercializadores. (...) El porcentaje de energía que adquieren los comercializadores del mercado regulado a través de la bolsa de energía, lo que se conoce como porcentaje de exposición a bolsa, presenta alta volatilidad y difiere entre comercializadores”, dice el documento.
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Apunta que resulta razonable, como una forma de disminuir la dispersión en las cantidades vendidas en bolsa, “exigir a los generadores a partir de fuentes hidráulicas y renovables vender el 95% de su generación a través de contratos, como un mecanismo para disminuir la volatilidad de los precios de la energía que afectan a los usuarios del mercado regulado”.
Ante esto, Brookfied afirmó que este proyecto de decreto “vulnera la garantía de libertad económica de los agentes generadores de energía para desarrollar sus funciones y definir sus transacciones en el mercado de energía mayorista”.
La empresa considera “arbitraria e injustificada” la decisión de limitar la cantidad de energía que puede vender en bolsa, argumentando que esta medida la obligaría a adquirir energía a altos costos en épocas de sequía y le impediría comercializar excedentes cuando las condiciones climáticas sean favorables.
Asimismo, señala que esta acción representa una violación al régimen de competencias estipulado por la ley, ya que, según su declaración, la decisión debía ser tomada por la Creg y no por el Ministerio.
