El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió al polémico proyecto de decreto que le daría al presidente Gustavo Petro la facultad para reprogramar el destino de las vigencias futuras, y reconoció que esa plata sí podría cambiar de frente en obras específicas.
El ruido se levantó al conocerse el borrador que le adiciona un parágrafo al artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, que hace referencia a las modificaciones sobre el detalle del gasto. Allí, básicamente, se propone que los proyectos de inversión que tengan previo aval del Departamento Nacional de Planeación (DNP) “deberán solicitar la conformidad del Presidente de la República, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”.
Actualmente, en el conducto regular para ajustar esos presupuestos, es una tarea que le compete a directores de organismos, a los Consejos Directivos, al DNP y a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
Las alarmas se dispararon por el precedente de los $13 billones —incluidos en la plata para la inversión social de este año— que quedaban en el aire y, no solo comprometían obras relevantes como el Metro Ligero de la 80 y el Túnel del Toyo, sino que quedarían para el manejo discrecional del presidente; situación que tuvo que corregir el Gobierno.
Como nuevamente se están tocando las facultades que tendría Petro para determinar los proyectos que se financian y los que no, al ministro de Hacienda se le consultó si efectivamente eso implica reprogramar la inyección de las vigencias futuras y él reconoció que así es.
“Todo lo que tiene hoy declaratoria de importancia estratégica lo va a seguir teniendo, lo que se requiere es que esas obras efectivamente avancen y podamos evaluarlas y que si no hay obras, podamos dirigir recursos hacia otras obras”, dijo el funcionario.
Aseguró que las vigencias futuras “podrían reprogramarse en función de que si la obra está atrasada, no tiene ningún sentido que me pidan recursos, cuando la plata está ahí represada”.
Así las cosas, Bonilla defiende el súper poder que se le daría al presidente Petro justificándolo en la necesidad de no asignarle recursos a las obras con retrasos y con recursos atorados en las fiducias.
Sin embargo, hay que recordar que este es un asunto que ha costado la salida de importantes funcionarios del Estado, como Jorge Iván González, hasta hace poco director del Departamento Nacional de Planeación, y Claudia Marcela Numa, directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Fuentes con conocimiento de esa dimisión forzada de González, aseguraron que todo fue ocasionado por la inconformidad del presidente Gustavo Petro con la liquidación del Presupuesto General de la Nación, pues allí las vigencias futuras se iban a obras para departamentos como Antioquia y no se priorizaban los proyectos que quería fondear el mandatario.
Es así que cae la duda razonable sobre este proyecto de decreto con el que el presidente podría decidir si aprueba o no el destino de las vigencias para ciertas obras.
Además, al entregar sus declaraciones sobre el asunto, el ministro de Hacienda reconoció que sí hay intenciones de reprogramar vigencias futuras, aunque al inicio del diálogo con la prensa aseguraba que “el proyecto de decreto solo tiene una intención: y es que el presidente sea informado de qué es lo que hay respecto a los proyectos de inversión”.
