María del Socorro Pimienta sigue agitando la polémica tras ser declarada insubsistente por el Gobierno para continuar al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
A través del Decreto 2175 se declaró su insubsistencia, pero el documento deja más interrogantes que respuestas, pues en él no se exponen los motivos que conllevaron a la decisión.
En una carta emitida tras ser removida, la exfuncionaria dijo que le sorprendió la decisión del presidente Gustavo Petro, pero además sostuvo que todo habría sido orquestado para sacarla del puesto y poner en su lugar a una ficha del mandatario.
Ahí no muere el asunto y, por lo visto, lo que se ha comunicado públicamente solo sería la punta del iceberg, dado que la exfuncionaria aseguró que hay muchos intereses entorno a la SIC y eso, en gran medida, habría detonado su remoción del cargo.
Hay que mencionar —antes de entrar de lleno en las recientes declaraciones— que la Superindustria es la autoridad encargada de la protección a la libre competencia; sin ella no habría una entidad netamente encargada de investigar esos casos en los que hay cartelización para imponer precios a los consumidores o restringir el ingreso de nuevas empresas a un negocio.
Son muchos los casos que se han conocido sobre organizaciones que intentan imponerse en el mercado mediante prácticas cuestionables como la colusión; y ya por ahí se entiende que de por medio hay expectativas millonarias, la SIC está en la obligación de resguardar a los consumidores, quienes son los que al final resultan afectados si hay dominancia en el mercado, dado que la falta de competencia empuja el precio de los bienes y servicios hacia arriba.
Intereses ocultos
En entrevista con la FM, la removida superintendente reveló que, por ejemplo, las personas que fungieron como superintendentes de la SIC hoy día litigan o tienen casos activos en la Superintendencia: “Si uno va a ver, todos los ex superintendentes (...) de hecho conocí ocho, todos tienen casos o están litigando o están con trámites ante la SIC, otros puede que estén buscando o hayan buscado influencias inmediatas en la SIC”.
En la carta que había enviado a la opinión pública, Pimienta ya había afirmado que hubo una campaña de desprestigio para sacarla y “han actuado abogados y exfuncionarios de la entidad para mover intereses particulares. Si así fuera, duele y preocupa que la institución a la que he dedicado mi vida, sea escenario de intereses obscuros y herramienta de venganza de exfuncionarios resentidos”.
“Cuando llegué a la Superintendencia tuve que aceptar denuncias, pero tuve que revisar esos casos. Así que probablemente son exsuperintendentes que pueden seguir allá adentro con personas que querrán ayudar. Lo que sí sé es que las decisiones de esta superintendencia, ha sido cumpliendo a cabalidad lo que la empresa pública me demanda”, añadió.
Presuntas presiones
De acuerdo con esas declaraciones, la integración de Viva y Avianca fue uno de los primeros casos por los que recibió presiones tras emitir los fallos. Este asunto tuvo encima la lupa de casi todos los actores del sector aéreo nacional y muchos argumentaron que aprobar la solicitud derivaría en una dominancia de mercado.
Pese a los alegatos de unos y otros, la integración finalmente no se dio y Viva terminó en liquidación; generando un contratiempo del que todavía se están reponiendo los usuarios.
Por otra parte, indicó que la tormenta fue más dura al abrir investigación a la Dimayor y a 29 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, por una presunta cartelización encaminada a fijar los salarios de las jugadoras y redactar los contratos por los mismos periodos; derivando ello en una posible restricción de la competencia por el talento humano y en detrimento de mejores condiciones para las futbolistas.
“Después de que tomé la decisión del fútbol, empezaron llamadas para decirme que debería renunciar, que por decisiones políticas, y que el presidente no era que estaba molesto con la gestión, sino que era una razón política, por eso, tratando de hacer entender mi situación, para no entrar en esas situaciones, es que empezó todo”, señaló Pimienta.
En ese orden de ideas, la exfuncionaria apuntó que “el cargo no puede convertirse en que cada vez que se toma una decisión arda Roma, porque se toman las funciones del derecho y hay a quienes no les gusta”.
Cabe recordar que cuando se supo que fue declarada insubsistente, se habló de presuntos malos manejos en su cargo. Sin embargo, ella defendió que lleva más de 30 años en la SIC, se había presentado al concurso para ser superintendente y lo ganó. Así mismo, recalcó que durante su trayectoria, nunca tuvo una investigación de la Procuraduría, Contraloría ni Fiscalía: “Mi gestión fue transparente”.
De acuerdo con W Radio, en esos presuntos malos manejos estuvo involucrada la delegatura de asuntos jurisdiccionales que lidera Gloria Patricia Montero Cabas.
Según ese medio, Montero trabajó hasta principios de este año con el exsuperintendente y abogado Jairo Rubio Escobar, y ahora en la delegatura presuntamente habría estado beneficiando sus intereses.
Trascendió que ni Montero, ni su asesora Yurani Agudelo se mantuvieron distanciadas de procesos en los que actúa Rubio Escobar, quedando así en un posible conflicto de intereses.
Se supo entonces que a ella le pidieron la renuncia desde noviembre. No obstante, ella se negó y por eso fue declarada insubsistente. En su lugar, quedó María Paula Belén Arenas, quien se desempeñaba como directora técnica de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio.
