El alcalde Daniel Quintero prometió en campaña que, de llegar al cargo, congelaría las tarifas de servicios públicos. Pero no solo eso no ha pasado –las tarifas han subido, la propia EPM las ha aumentado como ha ocurrido en casi todo el país— sino que a pesar de tener la oportunidad de bajarlas, EPM, por instrucciones del presidente de su junta, el alcalde Quintero, fue la única compañía de servicios públicos del país que no lo hizo todo lo que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) le permitía.
Así, mientras las demás compañías del sector le apostaron al Pacto por la Justicia Tarifaria del Gobierno Nacional y redujeron hasta el 100% de lo que la Creg les pidió para aliviar el bolsillo de los colombianos, EPM y sus cinco filiales (incluida Afinia) decidieron no bajar las tarifas en dos de los ítems que representan cerca del 40% del precio.
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Las tarifas tienen cuatro componentes: Generación, Comercialización, Distribución y Transmisión, y en estos dos últimos EPM hizo reducciones. La decisión generó gran malestar en la ministra de Energía, Irene Vélez, o al menos eso contaron quienes la vieron ayer en Isagén, en Medellín, adonde llegó para firmar el pacto y esperaba que todas las compañías se sintonizaran con la propuesta del presidente Gustavo Petro.
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¿Por qué la empresa pública no bajó todo lo que se esperaba las tarifas? Los conocedores explican que EPM está teniendo problemas de caja y que tiene dificultades para conseguir créditos. De otro lado posee problemas serios para poner a funcionar Hidroituango en los plazos convenidos y por ende tendría que pagar una multa multimillonaria.
Varias fuentes corroboraron que viéndose en una situación tan complicada, el alcalde Quintero intentó, con el gerente Jorge Carrillo, proponerle a la ministra Vélez que bajaba las tarifas a cambio de que les ayudaran con los plazos o las eventuales sanciones de Hidroituango; al parecer, el trueque no le sonó al Gobierno Nacional y por ende el alcalde no ajustó las tarifas al nivel que lo hicieron las demás empresas.
Carrillo aseguró que la compañía hizo una propuesta que implica “un aporte de aproximadamente 340 mil millones de pesos para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”.
Sobre esto, además de no haberse acogido al 100% de lo que la medida permitía, también llamó la atención que la decisión de EPM llegó casi sobre la hora, pues se dio a conocer a la media noche del viernes pasado, justo cuando se cumplía el plazo para que las empresas manifestaran su intención de adherirse al pacto. Temprano ya lo habían hecho las demás.
Hasta $2 billones
En todo caso, pasaron cuatro semanas de deliberaciones para que 82 empresas del sector energético decidieran acogerse al proyecto que lidera la ministra Vélez.
Esta es la primera piedra para, paulatinamente, reducir los precios de la energía eléctrica en el país. Es que a septiembre de este año el costo de ese servicio para las familias colombianas tuvo un aumento anual del 27,29%, siendo las de la región Caribe las más afectadas.
En ese sentido el acuerdo buscará disminuir entre un 4% y 8% las tarifas para finales de este año, dependiendo de la zona del país.
José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, indicó que en plata blanca eso significa un ahorro para los consumidores de $1,5 billones a $2 billones durante los próximos doce meses, pero todo dependerá de qué tan juiciosas sean con el uso de la energía, máxime cuando se aproxima la temporada decembrina.
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En la minucia, la medida socializada pretende que las empresas vinculadas trabajen en alternativas para abaratar los componentes de generación, transmisión y distribución.
Por eso el Gobierno abrió una ventana con la que permite que compañías generadoras y comercializadoras renegocien contratos del mercado regulado (es decir, clientes residenciales, comerciales y la pequeña industria); allí se incluyen modificaciones de tiempos de pago y los periodos de consumo en 12 meses.
Según el Minenergía, de esta forma se han logrado 952 modificaciones a contratos entre generadores y comercializadores, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al no regulado (es decir, comercio e industria que demandan grandes cantidades de energía al mes).
La segunda estrategia tiene que ver con la variación de los precios para los próximos 12 meses y así lo explica la MinMinas: “Es el tema de cómo controlamos la inflación que se refleja en las tarifas y lo estamos haciendo a través de una decisión que es que en adelante el indicador que vamos a utilizar para indexar cada uno de los componentes de la tarifa será el menor entre el IPP y el IPC”.
Es decir, el Gobierno hará el esfuerzo para que el indexador para establecer el precio de la energía sea el Índice de Precios al Consumidor, que en este momento es más favorable que el Índice de Precios al Productor, en el cual se han visto incrementos hasta del 20%.
Los reparos
No obstante, algunos analistas consideran que el ajuste se debe mirar con lupa teniendo en cuenta que el IPC, o lo que es lo mismo, la inflación, sigue disparada a pesar de los intentos del Banco de la República por frenarla.
Es que a las medidas anunciadas por el Gobierno no le faltaron las críticas, porque en zonas como la Costa Atlántica el incremento en el precio de la luz en los últimos doce meses ha sido hasta de más del 40% (ver Gráfico) y los alivios no parecen suficientes para hacerle frente.
Por ejemplo, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, dijo que “el problema queda sin solucionar”. En su consideración, la diferencia entre los actuales precios de la energía en el Caribe, y lo que las estrategias anunciadas ayudarán a rebajar, “más que alivio traerán rabia”.
“Ojalá no caigamos en controles de precios artificiales que revienten las empresas”, sentenció el exministro a través de su cuenta de Twitter.
Otra postura que llamó la atención fue la de Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgén, quien calificó de “labor titánica” los esfuerzos entre Gobierno y empresas, pero mostró su preocupación sobre los efectos adversos que la reforma tributaria tendría en los acuerdos alcanzados.
Todo por cuenta de una sobretasa de renta de 3 puntos que quedó aprobada en primer debate de la reforma, con la que esas compañías quedarían con una tarifa de renta del 38%. “El impuesto, como está escrito, pone en riesgo inversiones que tienen compañías hidroeléctricas de $11 billones en los próximos dos años, presupuestadas para terminar los proyectos en construcción y unos nuevos de renovables no convencionales”.
Si a la potencial sobretasa se suman las altas tasas de interés y el encarecimiento de los elementos y la proveeduría para la construcción de dichos proyectos, dijo Gutiérrez, se ponen en riesgo las inversiones y los acuerdos logrados con el Gobierno. “Esperamos que este artículo (de la tributaria) sea retirado”, complementó en declaraciones a EL COLOMBIANO.
