La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Ecopetrol, Cenit y Logística de Hidrocarburos S.A.S., Ocensa (Oleoducto Central S.A.) y la empresa contratista Helistar S.A.S. por la presunta fijación de “pliegos sastre” en procesos de contratación, entre 2011 y 2023, del servicio de transporte mediante helicópteros, los cuales en conjunto representaron un presupuesto superior a 417.524 millones de pesos.
La investigación se dirige también contra cinco personas naturales vinculadas con las empresas mencionadas.
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De acuerdo con la SIC, se encontró que en varios pliegos de condiciones se establecieron dos requisitos que habrían resultado injustificados y que impidieron la participación de proponentes que pudieran competir con Helistar.
El primero fue la exigencia de que las aeronaves que debía presentar el oferente interesado tuvieran una antigüedad que era favorable para la flota que Helistar podía proponer. Sin embargo, afirmó la SIC, esto no estaba respaldado por ninguna norma aplicable al servicio de transporte aéreo.
El segundo requisito consistió en exigir que al momento de presentación de la oferta los proponentes tuvieran disponibles en el territorio nacional las aeronaves ya modificadas para la prestación del servicio.
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Estas modificaciones incluían aspectos como la instalación de blindaje, la inclusión de un horómetro comercial y la instalación de un gancho de carga.
Negar el indispensable periodo de alistamiento para preparar las aeronaves, según la SIC, habría impedido que otros proponentes participaran en el proceso y habría favorecido a Helistar.
Adicionalmente, la autoridad cuestionó que de manera sistemática las compañías del Grupo Ecopetrol cancelaron procesos de selección en los que otros proponentes pudieron participar.
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“Esas decisiones generaron que las empresas contratantes concedieran nuevamente los contratos a Helistar sin enfrentar competencia alguna”, señaló la Superintendencia.
Los comportamientos investigados habrían obstruido la posibilidad de que otros proponentes participaran en los procesos de selección y generaran mejores ofertas para las compañías contratantes como resultado de una competencia efectiva.
De esta manera se habría afectado la gestión que realiza el Grupo Ecopetrol y los objetivos de política pública involucrados en su adecuado funcionamiento.
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Este acto administrativo con el que se inicia la investigación no constituye una decisión definitiva, por lo que las personas investigadas tendrán la oportunidad de formular argumentos de defensa y las respectivas decisiones tendrán lugar después de que se desarrolle toda la investigación administrativa.
“Con esta decisión, la SIC ratifica su compromiso de velar por la protección de la libre competencia y, por esa vía, contribuir a la materialización de los objetivos de política pública relacionados con el adecuado funcionamiento del sistema de compra pública”, anotó la autoridad.
