Grupo Aval y Corficolombiana, empresas del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, lograron liberarse de los procesos que le seguían las autoridades de Estados Unidos por los sobornos de Odebrecht para que les asignaran el contrato de la Ruta del Sol 2, pagando multas que sumadas superan los 80 millones de dólares.
Este acuerdo al que llegaron las partes está lejos de una declaración de inocencia, pues de acuerdo a la información presentada por el Departamento de Justicia gringo (DOJ), “entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Ampliación Ocaña-Gamarra”.
Se refiere al contrato de la Ruta del Sol II, que tiene en líos a Odebrecht y a Grupo Aval (con sus subsidiarias Corficolombiana y Episol) desde diciembre de 2016.
El comunicado del DOJ continúa explicando que Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa con Odebrecht S.A., un conglomerado mundial de la construcción con sede en Brasil, para pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano de las ramas ejecutiva y legislativa y a un ejecutivo de la entidad de infraestructuras de propiedad estatal de Colombia, con el fin de obtener los derechos para construir y operar dicho megaproyecto.
Y agregó que, para llevar a cabo el entramado de sobornos, Corficolombiana causó que otras entidades firmaran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que pasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano. “En última instancia, Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28,63 millones de dólares estadounidenses de ganancias provenientes de los negocios obtenidos de forma corrupta”.
“Corficolombiana, junto con sus coconspiradores, acordó pagar más de $20 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano para conseguir un gran proyecto de infraestructuras,” declaró la fiscal general adjunta en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Y por su parte, el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron, aseguró que “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades. En virtud del acuerdo de procesamiento diferido, la empresa está pagando una importante sanción penal y seguirá cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta”.
Así avanzó la investigación
Pablo Felipe Robledo fue el superintendente de Industria y Comercio que imputó cargos a Corficolombiana y a Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.
Robledo recuerda cómo estalló el escándalo en diciembre de 2016, cuando Odebrecht, que hasta entonces era una reputada firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que contaron todo los sobornos que dieron en el mundo.
Ahí fue cuando la Fiscalía abrió investigación y se dio cuenta de que el soborno al que se refieren en Colombia era para la adjudicación de la Ruta del Sol II, un contrato de 2,1 billones de pesos que construiría una autopista de doble carril que conectaría en 528 kilómetros al centro del país con la costa Caribe.
Dicha obra fue adjudicada en 2009, por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco, hoy conocido como la ANI) al consorcio Consol, constituído por Odebrecht-Episol (Episol es un vehículo de inversión de infraestructura vial de Corficolombiana, subsidiaria del Grupo Aval) y Carlos Solarte.
Las pesquisas de la Fiscalía dieron muy rápidamente con algunas fichas claves del entramado corrupto: Gabriel García Morales, quien para el momento de la firma del contrato era viceministro de Transporte y director encargado del INCO, había recibido 6,5 millones de dólares de parte del consorcio a través de José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.
Con esa información en mano, la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces liderada por Robledo, ordenó en febrero de 2017 la terminación inmediata del contrato. Para ese momento el consocio había construido 180 kilómetros de doble calzada, lo que representaba un 35,2% de avance de la obra.
“Año y medio más tarde, en septiembre de 2018, ocho días antes de que yo me fuera de la SIC, les imputo cargos a varias empresas de Sarmiento Angulo y de Odebrecht por soborno, tráfico de influencias, acceso a información indebida”, recuerda Robledo, para quien ya eran muy claras las actuaciones ilegales en las que habían incurrido Episol, Corficolombiana y Grupo Aval.
“Ya sabíamos cómo habían pagado los sobornos, que la plata la prestó Odebrecht, mediante la División de Operaciones Estructuradas, y que esa plata la devolvió el consorcio a través de tres giros que hicieron a España, con plata del contrato”, contó Robledo.
Las sanciones en Colombia
A la SIC llegó, en el gobierno de Iván Duque, el superintendente Andrés Barreto, quien siguió la investigación y la resolvió el 28 de diciembre de 2020.
La SIC halló culpables a Odebrecht y a Corficolombiana por “idear y ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato Ruta del Sol Tramo 2 que, en una primera fase, incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del contrato... y, en una segunda fase, consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares... y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto”.
Y decidió entonces imponer multas por 87.780 millones de pesos contra la Constructora Norberto Odebrecht S.A., por $87.780 millones contra Odebrecht Participaciones e Inversiones S.A., por $55.564 millones contra Corficolombiana, por $33.826 millones contra Episol, por $221 millones contra la Consesionaria Ruta del Sol, y por $26.349 millones contra García Morales, quien fue exonerado del pago como beneficio por la colaboración en la investigación, al haber sido el delator.
A título personal fueron multados por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica: por parte de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior ($1.755 millones), Luis Antonio Mameri ($1.228 millones) y Yezid Augusto Arocha ($185 millones); mientras que por Corficolombiana fue sancionado José Elías Melo Acosta ($393 millones).
En la misma decisión la SIC archivó los procesos por las otras dos conductas (tráfico de influencias, en el que uno de los imputados era Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y acceso a información indebida) por caducidad, pues ya había pasado mucho tiempo para sancionarlos.
Ya para 2021 la decisión de la SIC fue ratificada en segunda instancia.
“Nosotros entregamos todo el expediente a la Fiscalía General de la Nación, al departamento de Justicia de Estados Unidos y a la SEC para que ellos tomaran las decisiones de su competencia”, comentó Andrés Barreto.
Y agregó que en las investigaciones la SIC no pudo determinar que hubiera responsabilidades por encima de José Elías Melo, definir si hubo otros responsables sería competencia penal, es decir, de la Fiscalía.
En esos términos penales, la Fiscalía ha presentado 51 escritos de acusación que involucran a 36 particulares y 15 servidores públicos, según dijo el fiscal Francisco Barbosa en febrero pasado.
El expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, fue condenado a 11 años y 9 meses de prisión, por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos.
Las sanciones gringas
La Securities and Exchange Commission (SEC), que es la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, acusó al Grupo Aval y a su filial Corficolombiana, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar US$40 millones para liquidar los cargos de la SEC.
La SEC alegó que Corficolombiana, a través de su expresidente (José Elías Melo) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato.
Sus hallazgos dan cuenta de que al menos US$28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana. De acuerdo con la orden de la SEC, Corficolombiana otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente US$32 millones.
Charles Cain, jefe de Unidad FCPA de la SEC, expresó que “los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”.
Mientras tanto, el DOJ precisó que Corficolombiana le pagará una sanción penal de $40,6 millones y que se ha acordado descontar hasta la mitad de esa sanción penal del dinero que la empresa y su filial, Estudios y Proyectos del Sol (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por violaciones de las leyes colombianas relacionadas con estas infracciones, siempre que la empresa y Episol desistan de apelar la resolución de la SIC.
Por su parte, Grupo Aval celebró este como un cierre de un largo proceso, ya que “el DOJ no presentó cargo alguno contra Grupo Aval, y la SEC no presentó cargo alguno por soborno contra Grupo Aval”.
Sin embargo, el conglomerado fue claro en que “al suscribir estas resoluciones, Corficolombiana y Grupo Aval reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”, en referencia a José Elías Melo.
En su comunicación, la empresa aseguró que “en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos”, y además señaló que con este anuncio, da por cerrado “este doloroso capítulo, no sin antes insistir en su compromiso con los más altos estándares éticos y el continuo fortalecimiento de su ambiente de control”.
El conglomerado advirtió que el pago de las sanciones por 60,57 millones de dólares, una vez descontada la multa que ya pagó en Colombia, tendrá un impacto aproximado de 24 millones de dólares en los estados financieros consolidados de Grupo Aval, debido a su porcentaje de participación accionaria en Corficolombiana.
Y aunque con esto las autoridades gringas dejarán en paz al Grupo Aval y a sus subsidiarias, queda en el ambiente la duda acerca de qué más pasará en Colombia. De acuerdo con la DOJ y con la SEC, los sobornos habrían sido de entre 20 y 28 millones de dólares, pero aquí solo se tiene pista de 6,5 millones de dólares que habría recibido el entonces viceministro Gabriel García Morales.
De ahí que el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo se pregunte ¿a quién o quiénes le entregaron el resto de los recursos?
El presidente Gustavo Petro trinó, al conocer el acuerdo, que “desde la Superintendencia de Industria y Comercio hasta la Fiscalía se dedicaron a dejar sin justicia el caso Odebrecht por defender los intereses particulares del Grupo Aval. Hasta la multa les quitaron. Un momento de reflexión para nuestros órganos de control. ¿Es más poderoso el dinero que la justicia?”.
A lo que el exsuperintendente Barreto le contestó con las dos decisiones que no dejaron para nada bien parada a Corficolombiana. Sin embargo, tanto Robledo, Barreto como los fiscales que han pasado hasta el momento dicen que no hay pruebas que conduzcan a que los Sarmiento sabían de los sobornos.
Otros implicados
En mayo del año pasado, el excongresista cordobés Otto Nicolás Bula Bula quedó en libertad luego de pagar una condena de 5,5 años de prisión a la que se llegó gracias a un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer y tuvo que devolver parte del dinero que recibió por cuenta de los sobornos. Él era el encargado de hacer lobby para que el consocio se quedara con las obras de la Ruta del Sol II, junto al entonces senador Bernardo Miguel Elías Vidal, también conocido como el Ñoño.
“Yo era un mensajero de Odebrecht, un mensajero costoso sí (...) pero yo lo que hacía era mandar las razones al señor Bernardo (Ñoño) Elías para solucionar los problemas de Odebrecht”, dijo en una audiencia.
Actualmente se cursa un proceso penal en contra de Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, quien ya fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años por la Procuraduría.
Y Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol II, falleció en extrañas circunstancias luego de contar sus hallazgos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal de Arbitramento y la prensa.
6,5
millones de dólares era la cifra del soborno que conocían las autoridades colombianas en
este caso.
