Este lunes un juez confirmó que Chiquita Brands International, una multinacional estadounidense dedicada a la producción y distribución de banano, ha estado involucrada en financiación a grupos paramilitares en Colombia.
La justicia de Estados Unidos determinó que la empresa entregó más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Estos pagos se realizaron con el objetivo de contar con “seguridad privada” proporcionada por los paramilitares.
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Aunque Chiquita Brands argumentó que los pagos fueron para proteger a sus trabajadores de extorsiones y amenazas, el abogado de las víctimas afirmó que la empresa firmó un “pacto con el diablo” al financiar el paramilitarismo, a pesar de conocer los crímenes cometidos. El veredicto, que se conoció ayer, declaró a la empresa culpable, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad corporativa en abusos contra los derechos humanos.
“Han sido derrotada la empresa en el proceso civil adelantado en EEUU. Un triunfo de las víctimas y de su persistencia por la verdad y la memoria”, dijo Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida determinó que la empresa Chiquita le dio “asistencia sustancial” a las AUC, es decir, el grupo paramilitar recibió dinero y otras formas de apoyo.
Fueron 17 años de litigio y las investigaciones periodísticas de Ignacio Gómez realizadas desde los 90 fueron determinantes para reconstruir los hechos e impactos en las víctimas.
También, Archivos desclasificados de National Security Archives (NSA) presentaron las evidencias de los pagos a través de las Convivir. En ese caso, el periodista Michael Evans fue uno de los investigadores que revisó cientos de documentos que evidencian la connivencia con el grupo paramilitar.
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Aunque los grupos paramilitares no fueron los únicos que recibieron dinero, una investigación de Verdad Abierta reveló que sí fueron los que contaron otro tipo de apoyos y los que mayores recursos tuvieron.
Hay que recordar que la historia de Chiquita Brands International se remonta a finales del siglo XIX, cuando el empresario estadounidense Minor Keith fundó la United Fruit Company (UFC) en 1899.
La compañía se dedicaba al cultivo, transporte y venta de banano, y rápidamente se convirtió en un gigante de la industria, controlando gran parte del mercado mundial. En 1970, la compañía se transformó en United Brands Company, tras fusionarse con un competidor, y en 1990 adoptó el nombre de Chiquita Brands International.
A lo largo de su historia, Chiquita ha estado envuelta en controversias, como la masacre de las Bananeras en 1928 y su financiación a grupos paramilitares en Colombia.
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Tatiana Devia, consultora jurídica y fundadora de Justice Horizon Initiative; y Daniel Marín López, investigador independiente sobre la relación entre empresas y violaciones de derechos humanos en el conflicto, argumentaron que la decisión del jurado envía un mensaje claro a las empresas multinacionales de que no pueden operar con impunidad en zonas de conflicto armado y que serán responsables de sus acciones, incluso si estas implican la financiación de grupos armados ilegales.
