Pensar lo impensable es permitirse evaluar la posibilidad de que el Gobierno Nacional reciba un préstamo a 30 o 50 años del Banco de la República, que le permita crear un nuevo fondo de salvamento y rescate para sortear la recuperación económica. Un préstamo renovable, con tasas accesibles y bloqueado legislativamente a una nueva posibilidad para evitar manejos irresponsables de esta carta por más gobiernos.
Esta es la propuesta que realizó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, en medio de la asamblea número 76 del gremio y el quinto Congreso Empresarial Colombiano (CEC).
En este fondo participaría Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Nacional, Finagro y el Banco Agrario, con sus respectivos grupos técnicos, y el fin sería fortalecer al Fondo Nacional de Garantías (FNG), realizar compras de carteras al sector financiero (que llegará estresado a 2021), otorgar líneas de crédito directo, suscribir bonos empresariales y realizar una capitalización temporal de las empresas, es decir, salvarlas siendo accionista de estas compañías. Esto sin descartar unos beneficios tributarios específicos.
Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, esta es una posibilidad que se abre y que se debe tomar “siempre y cuando haya un ministro de Hacienda al que no le guste el crédito del banco central y lo abandone tan pronto pueda (...) Esto le da al Gobierno una flexibilidad muy grande por el costo, el acceso y porque los intereses se le pagan a una entidad del Estado”. Esto, de cara a salvar empresas y cuidar la base tributaria de personas naturales y jurídicas.
Por su parte, Richard Francis, líder de la calificadora Fitch Ratigs, analizó esta posibilidad desde los riesgos: efectos en la tasa de cambio y si se perpetúa podría llevar a tener un pasivo sobre el PIB del 90 %. Así, dijo, “es entendible si se usa, pero hay riesgos y el Banco Central tiene miedo de esto, mientras tanto, está comprando dólares en el mercado secundario, bonos corporativos, pero a un monto pequeño, como 3 % del PIB”.
Pasos hacia la recuperación
La propuesta llega en un escenario en el que el Gobierno prevé que la economía caerá al 5,5 % este año con un rebote estimado al 6,6 % para 2021; en el que entre enero y julio los ingresos tributarios han caído 11,1 %, y la deuda pasará de 52 % del PIB en 2019 al 68 % en 2020.
Esto se suma a la mirada escéptica de las calificadoras de riesgo, porque el Gobierno se salió del curso de la regla fiscal y el plan de ajuste se ve difícil de cumplir —vale tener en cuenta que en abril Fitch bajó la calificación de Colombia en abril de BBB a BBB-, lo que implica que ante un nuevo ajuste a la baja perdería el “grado de inversión”, lo que se podría ver en un horizonte de dos años a BB+ con una probabilidad del 50 %.
Además, Fitch prevé que la economía caerá al menos 7 % este año, que el rebote va a ser de cerca del 5 % en 2021, y que el déficit en 2020 será de un poco más del 9 % y no de 8,2 % del Gobierno, y considera que el endeudamiento de más del 60 % del PIB está muy por encima al promedio de los países en BBB- (52 %).
La perspectiva tiene una suerte de pesimismo si se enmarca en que los dos aspectos clave en la revisión del escalafón tienen que ver con el crecimiento económico y con el déficit fiscal, en un escenario retador de crisis económica, alto desempleo, bajos ingresos y una deuda histórica como proporción del PIB.
Las medidas, sugirió el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, deben estar encaminadas a evitar la pérdida de los ingresos de los hogares, la destrucción de tejido productivo, y acelerar las inversiones para el crecimiento (educación, infraestructura digital) y promover estrategias que multipliquen la inversión privada.
Según Echeverry, los pilares para la reactivación pasan por relegitimar el Estado y una justicia impecable y eficiente: “Arreglar la economía, implica una seria transformación del gasto, el gradualismo tributario, la consistencia, política industrial, éxito exportador y credibilidad” (ver Paréntesis).
Y en este sentido la nueva tributación, afirmó, no debe enfocarse en los que ya pagan, sino en esa informalidad que no tributa (con un cambio en la estructura en renta y una transformación en IVA): “la gente que paga impuestos necesita recuperar la moral de pago, viendo que el Estado está mejor gerenciado, en un círculo virtuoso entre impuestos y gasto”, afirmó.
Esa reforma tributaria, advirtió, no puede pasar de marzo del próximo año, y la promesa de reactivación debe ser en un plazo no de dos años, sino en cinco.
¿Qué significa esto? Que desde esta mirada a un déficit de 2,5 % no se llegaría en 2022, sino en 2025; no se planearía un ingreso tributario de 16,1 billones de pesos en 2022, sino de 14,9 billones, que llegaría a 15,2 billones a 2025, y que en 2025 no se alcanzaría una deuda del 51,3 % sobre el PIB, sino del 52,7 %.
“El gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso (...) uno tiene que subprometer para sobre cumplir, para no perder la credibilidad”, afirmó Echeverry .
