Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), indicó que la actualización del catastro que quiere hacer el gobierno no busca “quitarle de manera abrupta las tierras a quienes son sus legítimos propietarios”.
En diálogo con este diario, manifestó que “no se trata de ponerlos a pagar impuestos y más impuestos, sino impuestos justos, equitativos y progresivos. Lo que estamos diciendo es que la tierra tiene una función social y esa función social tiene que ver con como aportan de una manera más dinámica a la economía de este país. No se trata de quitar tierras con impuestos, sino de pagar lo justo”, añadió.
Así se refirió a la iniciativa que, desde que era candidato, el presidente Gustavo Petro propuso para llegar a una reforma agraria que pusiera en el centro de la discusión a la productividad de la tierra y se concentrara en la entrega de títulos de propiedad a los campesinos.
Sin embargo, esa iniciativa la acompañó del verbo “democratizar”, que a juicio de sus opositores tenía un tufillo a “expropiación”, toda vez que hablaba de incrementar los impuestos a quienes poseían hectáreas sin cultivos y, en última instancia, mencionó que el Estado compraría predios para cederlos a quienes viven de labrar la tierra pero no son propietarios.
Entonces, hubo un debate nacional entre quienes calificaban el proyecto como una suerte de asfixia financiera a través del cobro de tributos hasta lograr que, finalmente, los propietarios accedieran a venderlos. Y por otro lado, el gobierno argumentó que se trataba de cobrar lo justo a quienes concentraban mayores extensiones de tierra.
Para avanzar con dicha reforma, desde el inicio de la Presidencia, se enfatizó entonces en actualizar los catastros y así cerrar la brecha entre el valor del predial y el valor comercial.
En ese sentido, Marulanda manifestó que, de las cerca de 114 millones de hectáreas que componen el mapa de Colombia, solo el 9,5% cuenta con un catastro actualizado.
El atraso y la meta
El funcionario precisó que hay un rezago —en promedio— de 15 años en los catastros, aunque hay casos en los que inclusive es de 30 años.
En consecuencia, señaló que “hoy tenemos 905 municipios que no pagan más del 19% en la relación avalúo catastral-avalúo comercial, eso es casi el 80% de los municipios de este país”.
“Para ejemplificarlo, si el avalúo comercial es de $100, deberían estar pagando sobre $60. Sin embargo, están pagando sobre $19. En algunos casos están pagando sobre $4,3, y con esos $4,3 le piden al Estado servicios, escuelas y hospitales de calidad”, comentó el director.
Y agregó: “Yo hago una reflexión que es bien interesante: cuando uno vive en edificios, en la mayoría de los casos, paga más por la administración anual que lo que se paga por impuesto predial. ¿Qué se le pide al administrador del edificio? Que lo tenga aseado, que la iluminación funcione, que contrate vigilancia y mantenga operante el ascensor”.
Con ese preámbulo, cuestionó que, aun cuando el impuesto predial que se paga en Colombia está por debajo del valor justo, “uno sale a la calle y empieza a decirle al Estado que se necesitan semáforos, que se reparen los huecos de las vías y que hacen falta salud y educación de calidad, pero todo se exige con recursos que no llegan ni al 40% de lo que uno paga en un edificio”.
En ese orden de ideas, señaló que la meta del gobierno es dejar el 70% del territorio con el catastro actualizado, un objetivo que desde el comienzo se ve lejano, especialmente porque la ciudadanía lo asocia con el único propósito de incrementar el pago de los impuestos y esa tarea tiene un alto costo político y electoral.
“Casi que se piensa que actualización es igual a incrementos en los impuestos prediales, entonces hay que ver como desmitificamos eso (...) Es justo que las administraciones territoriales tengan ingresos frescos, que los ciudadanos empiecen a pagar de una manera progresiva un impuesto predial más cercano a la realidad”, comentó.
¿Será a un ritmo suave?
Precisamente, como el incremento en el impuesto predial genera inconformidad, aseguró que el gobierno contempla presentar un proyecto de ley para que el cobro sea gradual.
“La idea es llevarlo con progresividad hasta que en un periodo de tiempo amplio se pueda cerrar la brecha. Tendrán que pagar más aquellos que tengan mayor capacidad, todo esto con una variable que nos permita —en aquellos estratos más bajos— tener más tiempo en esos criterios de progresividad”, agregó.
De otro lado, reconoció que actualizar los catastros exige unas capacidades técnicas y tecnológicas para llegar hasta las zonas más alejadas del país. Por ende, manifestó que se el gobierno espera sellar alianzas con las comunidades, de modo que los emisarios encargados de ajustar los avalúos tengan respaldo de quienes conocen los territorios.
Desde su óptica, hasta que no se actualicen los catastros, no habrá herramienta para darle certidumbre al mercado de tierras ni el Estado podrá llegar con toda su oferta institucional a quienes en realidad necesitan subsidios.
Paralelamente, reiteró que el objetivo del gobierno no es expropiar tierras y argumentó que “todos tenemos la responsabilidad de pagar impuestos, impuestos que sean justos, equitativos y progresivos que le permitan al Estado hacer inversiones sociales”.
¿Cómo está Antioquia?
Al consultarle por el estado de los catastros en Medellín y Antioquia, el director del Igac manifestó que “tienen una gran ventaja: han sido catastros históricamente descentralizados, tienen más de 70 años y eso hace que internamente sea mucho más efectivos”.
“Uno podría decir que catastros como el de Medellín, son catastros para mostrar a nivel nacional. De ahí el tema de sentarnos con ellos para pedirles que nos ayuden en otros territorios. En Antioquia son juiciosos , han venido haciendo una tarea importante con la complejidad que tiene actualizar 125 municipios, no es fácil, pero ha venido trabajando”, puntualizó.
