Para dar el salto hacia una ciudad sostenible se necesita dinero y en grandes cantidades. Como no todo lo tiene el sector público, la vinculación de los empresarios es fundamental, pero para hacerlo se requiere de incentivos que beneficien a todos.
La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC por sus siglas en inglés), es una de las entidades que le está ayudando al Estado a encontrar soluciones como las planteadas en el Reglamento de Construcción Sostenible, que será obligatorio a partir de junio del próximo año.
Kristtian Rada, líder del programa de ciudades y gobiernos de América Latina y el Caribe de dicha entidad, afirmó en diálogo con EL COLOMBIANO, que la mejor forma de vincular al sector privado es por medio de Alianzas Público Privadas (APP).
“El principio básico es que el sector privado puede ser un socio del sector público para lograr cierres financieros de proyectos de infraestructura y puede atraer innovación que solo el sector privado es más eficiente en canalizar”, explicó Rada.
Las APP no solo son para carreteras, pues los operadores privados también pueden administrar agua, energía, residuos, transporte, que tienen que ver con sostenibilidad.
En el caso específico de la vivienda, según los cálculos de la IFC, con el nuevo reglamento se espera que las viviendas tengan una reducción de consumo de energía y agua de manera inteligente en un 15 por ciento y a través de eso una reducción en emisiones de carbono en 24 por ciento en los próximo 10 años.
“La construcción sostenible debe ser sencilla de implementar y de uso masivo, ese es el fin. Cómo se logra, cambiando la relación ventanería y paredes, uso de luminarias eficientes, entre otros. Tendremos un impacto mucho mayor cuando se ahorra 10 o 15 por ciento de forma masiva en las ciudades, que el impacto de tener solo 10 o 20 edificios que ahorren un 40 por ciento”, indicó el directivo de la IFC.
El gran reto para las constructoras será implementar estas iniciativas en viviendas de interés social.
