Tras un polémico amanecer del viernes, al tener aprobado un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tenía tiempo para ser debatido y conciliado hasta el 7 de mayo, finalmente, el documento con 349 artículos (de los cuales 11 fueron eliminados y solo uno no aprobado, el 54, para un total de 337) pasará a sanción presidencial para iniciar como hoja de ruta del presidente de la República, Iván Duque.
En este plan hay inversiones por 1.096,1 billones de pesos, de los cuales las empresas del Estado participan con 57,8 billones, es decir 5,3 %; de cooperación internacional provienen 0,4 % de los recursos, es decir, 4,1 billones y el sector privado aportará el 33,1 %, unos 363,2 billones. Lo demás proviene de entidades territoriales y de los sistemas de Participaciones y Regalías.
De acuerdo con Juan Manrique, asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, lo que se ve “sí es una forma de poner en la realidad lo que aparece en las bases del Plan. No obstante, en el Congreso diversas entidades lo que hicieron fue aprovechar la coyuntura para meter y sacar artículos”.
Un asunto de otro costal
Inclusive, señala el experto, hay aspectos que parecen de otro resorte, que buscan al final de cuentas financiar sectores en crisis, y a las entidades del estado, lo que debería ser materia de reformas tributarias.
Es el caso de los aranceles que protegen a la cadena textil confección, que han tenido una férrea oposición debido a la falencia de facultades del órgano legislativo de implantar medidas de defensa comercial.
Situación que además se prevé acarrearía un sobrecosto a los productos de, al menos 20 %. La salida de eso ya está en manos del sector privado que, de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ya inició su trámite de derogación.
Juan Manuel Charry estará en este proceso pues “la medida afectará la expansión de los comercios en ciudades intermedias, disminuirá las compras nacionales y terminará afectando a los confeccionistas”, afirmó Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco.
Incluso hay contribuciones como las de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (CRA), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que plantean su fin para poder operar lo que se muestra como un “aspecto recaudatorio”, aseguró Manrique.
Además se crean fondos como el de estabilización de precios para el café, que fue de los que revivió, se estableció uno para el Bicentenario (en el que se plantea la creación de monedas conmemorativas), y se modificará el de combustibles.
En el documento se plantean la revisión de subsidios en servicios públicos, salud, combustibles; pero la creación de otros para ampliar la oferta y demanda en telecomunicaciones, financiar la tasa a la educación superior, etc.
Además, quedó el artículo que busca “garantizar la prestación del servicio en energía eléctrica” de empresas tomadas en posesión por la Superintendencia (Electricaribe), y revivió el del piso de protección social, así como el que le exige a plataformas de servicio de demanda como Netflix tener contenidos nacionales.
Posición de Gobierno
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Plan aprobado servirá para cumplir metas como impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto al 5 %, así como ampliar la generación de energía renovable de 22 megavatios a 1.500 y pasar de 5 a 7 millones de niños con educación inicial, entre otros.
Carrasquilla aclaró las dudas sobre “abrirle la puerta al fracking”, y sostuvo que la mención en las bases del Plan, simplemente permite seguir analizado su uso.
Finalmente, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, dijo: “este es un Plan a largo plazo, alineado con los ODS para asegurar un futuro mejor”.
Acá planteamos los 32 artículos que pueden ser relevantes porque afectarán su bolsillo o cambian parte de la lógica comercial nacional. .
