Los representantes del Centro Democrático, Juan Espinal y Óscar Villamizar, interpusieron una denuncia contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por pánico económico.
Según Espinal, se están buscando garantías para el desarrollo de las actividades minero energéticas en el país.
“Planteamos una denuncia penal (...) porque realmente sí hay incertidumbre, hay temor, y los mercados internos y externos reaccionan”, indicó en declaraciones a Semana.
El partido de oposición considera que en sus intervenciones la ministra ha creado dudas y un escenario incierto sobre el futuro energético de Colombia.
Esto, aunado a que la cartera que dirige es una de las más importantes y estratégicas del país junto a Hacienda, por ejemplo.
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Las polémicas
Es que Vélez tuvo un inicio de Gobierno agitado, en medio de varias polémicas por sus declaraciones.
Por ejemplo, planteó que Colombia debería exigirle a otros países que decrezcan su modelo económico.
Además, ha dicho que al menos en estos cuatro años de Gobierno no se firmarán nuevos contratos para la exploración y producción de gas.
“En el caso de que las reservas de gas natural llegaran a muy bajos niveles, o hasta el punto de agotarse, está la posibilidad de importar el energético del país vecino: Venezuela”, ha expresado también.
En tanto, recientemente la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, habló en un tono fuerte frente a los empresarios que se reunieron en el Congreso Naturgas: “El mensaje ha sido muy claro por parte del presidente de la República, no habrá exploración nueva de hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No comprendo que parte de esa frase no ha podido entenderse. Lo que se ha dicho es que el gas natural tiene que hacer parte de la transición energética pero no como lo viene siendo desde hace 20 años”.
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Así, la cartera minero energética está en un arranque de Gobierno turbulento que ya incluso provocó las medidas anunciadas desde el Centro Democrático.
¿Qué es el pánico económico?
Cabe mencionar que según el Código Penal el pánico económico se refiere a los casos en que se divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido.
Quien lo cometa “incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
