Una “pequeña cuota” que se cargaría al recibo del servicio de energía para ofrecer transporte gratuito en el país, fue la iniciativa que planteó este fin de semana el presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X.
“Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”, anotó el mandatario.
Igualmente, sostuvo que las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. Y que no moriría gente evadiendo los controles. No habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público.
Aunque no especificó el monto de la cuota ni qué pasaría con los contratos que actualmente están en vigor con los operadores de los sistemas de transporte, el mensaje señaló que se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente y se acabaría con la evasión. “Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, agregó.
En cuatro horas la propuesta contabilizó más de 4.100 respuestas a favor y en contra, 3.100 reposteos y 7.890 “me gusta”. Pero, ¿qué viabilidad tiene?
Ligereza
Camilo García, director de la Comisión de Transporte de Pasajeros de la Cámara Interamericana de Transportes, manifestó que esta es una posibilidad que se ha debatido en la academia por años, y que existen ciudades pequeñas e intermedias en el mundo que cuentan con un servicio de transporte gratuito, que no son comparables con Bogotá, Medellín o Bucaramanga.
No obstante, explicó que la sostenibilidad de la idea es compleja y atarla a la prestación del servicio de energía en la actual coyuntura, cuando el costo está subiendo (13,87% es la inflación de la electricidad anualizada), dificulta más su viabilidad.
Para García tampoco hay claridad sobre la política energética del Gobierno y reina la incertidumbre sobre qué va a pasar con Ecopetrol y el sistema energético o los problemas que hay con respecto a los prestadores, las hidroeléctricas y generadoras térmicas que no han sido resueltos. “Esta idea lo que hace es meterle más presión a un sector (energético) que en este momento está amenazado y puede sufrir un colapso”.
La nueva cuota en el recibo de la luz se sumaría al cobro que se inició el mes pasado en virtud de los decretos expedidos por el Gobierno para resolver la emergencia social y económica en La Guajira, y que aplica en todo el país para usuarios de estratos 4, 5 y 6 ($1.000 por factura) y para los usuarios comerciales e industriales ($5.000).
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, considera que estar sería otra carga que sumada a la del decreto “aporte para la Guajira” empeora la situación de los usuarios. Y si ese recurso va a financiar proyectos de transporte público masivo, ¿cuál sería la gratuidad del pasaje en los buses? “De otra parte consideramos que es una decisión ilegal, pues de acuerdo con la Ley 142 de 1994, la factura de energía eléctrica se elabora con una medición del consumo para que el elemento principal del precio que pagamos por el servicio sea ese consumo. Es decir que con esa idea del Gobierno se facturaría un elemento ajeno al consumo”, dijo Gaviria.
