Los discursos y publicaciones en X (antes Twitter) del presidente Gustavo Petro han sido de rotundo respaldo a las comunidades étnicas, organizaciones populares para contar con parte de la contratación pública de entidades territoriales y nacionales, pero, ¿qué tan real y palpable es ese discurso?
El argumento de gobierno reposa en empoderar a las comunidades olvidadas por el Estado y en democratizar los diferentes sectores. Sus críticos vaticinan un fracaso ante la falta de experiencia de las comunidades en la ejecución y el afán del Gobierno en fortalecer su respaldo político en la movilización social y en la próxima contienda electoral.
EL COLOMBIANO solicitó información a Colombia Compra Eficiente (CCE) sobre la contratación pública en el periodo de Gustavo Petro y en la de su predecesor Iván Duque, con el fin de notar variaciones en las cifras.
La CCE adelantó un filtro en el nombre del proveedor y nombre del representante legal para encontrar en la base de datos los contratos que incluyeran las palabras “acción comunal”, para el caso de las JAC; y para hallar los de comunidades se utilizaron palabras claves como raizal, indígena, comunidad, afro, palenquera, comunidad negra.
Cabe resaltar que la consulta se hizo en las plataformas Secop I, Secop II y Tvec. Los datos arrojados obedecen a contratos celebrados, liquidados y sin liquidar, así como terminados y activos, o en ejecución, modificados, cedidos e incluso suspendidos. Y que fueron otorgados por entidades territoriales como Alcaldías, Gobernaciones, ministerios y demás organismos públicos.
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, las plataformas arrojaron que durante el Gobierno de Petro se han celebrado unos 8.547 contratos con diferentes comunidades y JAC entre el 7 de agosto de 2022 y a corte del 18 de diciembre de 2023, en Colombia.
La sola cifra no dice nada, por ahora. Y pareciera ser una gran cantidad de contratos; sin embargo, el número es opacado al no representar ni el 1% de los 1,5 millones de contratos celebrados, que movieron $396,2 billones en el mismo periodo consultado.
Un repunte
Pese a que esos contratos específicos representan muy poco de la contratación pública, en este mandato sí se aprecia un repunte de ese ejercicio.
La base de datos otorgada por CCE da cuenta que en la administración de Petro (agosto 2022 hasta el 18 de diciembre de 2023) se registraron 6.799 contratos con las juntas barriales, equivalentes a cerca de $332.374 millones.
Ojo al siguiente dato. Eso significa que la administración pública ha contratado un 92% más con las JAC frente a la celebración contractual en los mismos meses, pero bajo el mandato de Iván Duque (7 de agosto de 2018- 18 de diciembre 2019), cuando fueron 3.546 acuerdos por $97.734 millones, unos $234.639 millones menos.
En cambio, el resultado de las firmas con las organizaciones étnicas es casi el mismo. La diferencia es de tan solo 48 contratos más, pues en el lapso analizado del gobierno Duque se otorgaron 1.700 a organizaciones comunitarias, raizales, palenqueras, indígenas o afros, mientras que en el de Petro se registran 1.748.
La diferencia no está en el número de contratos, pero sí en los recursos públicos invertidos, que crecieron un 62,7% bajo la actual presidencia. Unos $282.132 millones más frente al anterior gobierno.
En las vías
Algo notable en la base de datos, son los contratos otorgados a las JAC en materia de mantenimiento vial.
Y es lógico, si se tiene en cuenta que es una de las principales apuestas de Petro. Ese plan tomó más fuerza el 15 de noviembre pasado, cuando el Ministerio de Transporte anunció la reactivación del Invir (Instituto Nacional de Vías Regionales) en el seno del Invías. Esa nueva entidad se encargará de entregar los contratos a las organizaciones sociales para adelantar la construcción de las vías terciarias.
Esa iniciativa ya se ve reflejada en la contratación pública, pero no es algo de este año. Según CCE, el primer contrato de esa característica se le otorgó a la Junta de Acción Comunal de la vereda Piravante, en el municipio de Palermo (Huila), el 11 de octubre de 2022, año en que se firmaron otros 25 contratos similares.
El objeto contractual en esencia es igual: “Aunar esfuerzos entre el Invías y la JAC de la vereda (...) para el mantenimiento y mejoramiento de caminos comunitarios de paz total”. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 18 de diciembre de 2023 se celebraron 614 contratos de esa clase por $127.373 millones, equivalentes a 9% de toda la contratación pública otorgada a las JAC y registrada por CCE.
Esa cantidad de contratos en 16 meses parece no ser muy significativa, pero en el mandato de Duque fue de cero. Lo cierto es que la comunidades barriales y étnicas seguirán firmando cada vez más contratos a raíz de la política nacional. Eso pese a las reiteradas críticas de expertos y gremios, que la advierten como una decisión errónea del presidente. Y rechazan la contratación a dedo y la inexperiencia de las organizaciones en la ejecución de esa clase de tareas.
De lo único que hay certeza es que la caja registradora del Estado ahora está sonando más a favor de las comunidades étnicas y JAC. Solo el tiempo determinará si las precarias vías terciarias colombianas por fin mejorarán, o si solo se trata de una improvisación más para la larga de decepciones politiqueras de los gobiernos de turno en Colombia.
