El Gobierno nacional recortó $150 mil millones del Presupuesto General de la Nación, afectando los subsidios de energía, según Asocodis.
Con este panorama de fondo, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, explicó a El Universal que “los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 tienen un déficit de $1,15 billones en el presupuesto de 2024”.
Por eso, aseguró que, con el reciente recorte presupuestal, al sector eléctrico le quitan $150 mil millones, lo que significa que solo habrá subsidios hasta mediados de agosto, entonces, “el resto del año no tiene recursos asignados”.
No solo hay deudas en subsidios de energía ($500 mil millones), también están pendientes $4,5 billones por la Opción Tarifaria, según Asocodis.
Hay que recordar que el monto total estimado de la deuda asciende a alrededor de $4,7 billones, según MinHacienda, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe.
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Con la responsabilidad de esta deuda por el Gobierno Nacional, se espera una reducción en las tarifas de energía eléctrica entre el 7% y el 19% para los usuarios que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos.
Además, hay una deuda de $1 billón de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, sumando un total de $6 billones. “Si no se giran los recursos de los subsidios, nos ponen en una situación difícil de liquidez”, afirmó Manzur.
Sobre la deuda de la Opción Tarifaria, Manzur señaló que para que la Nación pueda asumirla, se necesita una habilitación del Congreso, que se presentará el 20 de julio. Además, se requieren otras resoluciones de la Creg.
Esta fue una medida que aplicaron empresas comercializadoras de energía como una alternativa para los usuarios afectados por la crisis económica y social en pandemia.
La disminución en las tarifas podría ser de hasta un 20%, especialmente en el mercado atendido por Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira).
Los usuarios no verán reflejadas en sus facturas las rebajas por la deuda asumida por la Nación ($2,7 billones) hasta que las empresas no reciban la totalidad de los recursos asociados a esas deudas.
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